La sesión del Concejo Deliberante de Concordia dejó una escena que no se puede pasar por alto: una comitiva de jubilados, tras un cuarto intermedio impulsado por Jorge López, fue recibida por la presidenta del cuerpo, Magdalena Reta de Urquiza.
Allí los referentes de la Mesa Coordinadora expusieron la gravedad de la situación sanitaria del sector: colapso de las prestaciones del PAMI, crisis de la obra social provincial OSER y un impacto directo sobre la salud pública local.
Según manifestaron desde la Mesa, la titular del Concejo atribuyó inicialmente la problemática de PAMI exclusivamente al ámbito nacional y sostuvo que el municipio y el cuerpo legislativo carecen de injerencia. Ahí apareció el primer roce: los jubilados señalaron una contradicción en el discurso oficial, porque se ponderó la gestión provincial y se admitió que el sistema público absorbe una masa masiva de afiliados sin cobertura, pero se desestimó abordar la crisis en lo local.
Tampoco se quedaron en el aire las preguntas sobre OSER, la situación laboral de cuidadoras domiciliarias y los prestadores de discapacidad. Según la comitiva, esos puntos fueron eludidos durante la conversación con la presidencia, y la sensación de que la respuesta institucional se quedaba corta se instaló en el reclamo.
Concluida la reunión con la presidencia, los manifestantes fueron derivados con los concejales Verónica Del Boca y Emanuel Godoy, ambos del bloque de JxER, señalados por la comitiva como responsables del expediente vinculado a la Banca del Pueblo.
En el diálogo con Del Boca, los jubilados obtuvieron una negativa similar: la problemática excedería las atribuciones del Concejo y el cuerpo no contaría con herramientas para iniciar investigaciones. El malestar creció cuando, según relataron los referentes, se sugirió usar la línea de emergencias 107 para resolver urgencias de salud, una respuesta que la organización calificó como desatino.
Luego, la comitiva se trasladó a la oficina de Godoy, acompañado por la concejal Yaiza Pessolani Bechet, de La Libertad Avanza. En ese espacio se reiteró la sugerencia de canalizar los reclamos por el Consejo de Adultos Mayores y se argumentó que la mayoría de los pedidos excedía el ámbito local, con excepción de una iniciativa puntual.
Los jubilados rechazaron ese criterio. Consideran que la saturación del sistema público, la falta de medicamentos, la reducción de fármacos del Plan Remediar y las demoras en tratamientos oncológicos —que, según autoridades de OSER, pueden demorar entre 30 y 45 días— configuran una emergencia humanitaria que afecta directamente a los vecinos de Concordia.
La denuncia más fuerte llegó después: desde la Mesa Coordinadora señalaron que, según información transmitida por el bloque oficialista, existiría resistencia por parte de un sector de los concejales para obstaculizar el otorgamiento de la Banca del Pueblo. No es una afirmación menor: si se confirma, el reclamo de los jubilados pasa de ser un trámite legislativo a un conflicto político con cara y nombre.
¿Vos creés que una comitiva de jubilados tiene que correr de oficina en oficina para que se le escuche? La respuesta que se busca no es una frase protocolar: es un pronunciamiento formal de los ediles, una definición clara sobre la Banca del Pueblo y una respuesta institucional que no deje a los mayores mirando el reloj mientras el sistema sanitario se cae a pedazos.
La Mesa Coordinadora ratificó que los jubilados y pensionados no cesarán en sus demandas, y exigió un pronunciamiento formal de los ediles. La discusión sigue abierta en el Concejo Deliberante, con el reclamo sanitario de los mayores en el centro del debate y la Banca del Pueblo como el próximo paso a definir.
