La reforma jubilatoria de Entre Ríos sigue de pie, al menos en el amparo que tuvo que enfrentar. La Justicia entrerriana declaró inadmisible una acción presentada por un jubilado del ex Banco de Entre Ríos contra el Estado provincial y la Caja de Jubilaciones y Pensiones. La resolución no definió si la ley es constitucional o no, pero cerró la puerta a ese trámite exprés.
La sentencia fue dictada el 12 de noviembre por el juez Juan Francisco Malvasio, quien consideró que el amparo no era el procedimiento adecuado para discutir la Ley 11.302. El magistrado coincidió con el Ministerio Público Fiscal: la controversia exige un debate más amplio, con producción de pruebas que no caben en esa vía. El demandante quedó con las costas a su cargo.
El jubilado buscaba mantener el mecanismo anterior de movilidad, que vinculaba sus haberes con los incrementos salariales del sector bancario. El sistema actual, en cambio, toma como referencia al escalafón con mayor cantidad de aportantes del Estado provincial. Vos sabés que no se discute solo un porcentaje, sino el termómetro con el que se mide la vida de los jubilados.
La Caja de Jubilaciones aportó un dato que pesa en la resolución: el beneficiario había recibido todos los aumentos bancarios correspondientes hasta la entrada en vigencia de la reforma, el 22 de agosto. En septiembre, primer mes del nuevo mecanismo, el aumento fue del 3,5%.
El incremento salarial bancario había sido del 1,9%. Eso significa que el jubilado obtuvo una actualización 1,6 puntos porcentuales por encima de la que le habría correspondido bajo el régimen anterior.
La Caja de Jubilaciones y la Fiscalía de Estado defendieron la legalidad de la reforma y sostuvieron que el planteo de inconstitucionalidad debía tramitarse por procedimientos específicos. La Fiscalía también expuso la situación financiera del sistema previsional provincial, su déficit estructural y la necesidad de preservar su sustentabilidad, con el carácter solidario del régimen y los derechos del conjunto de los beneficiarios.
La sentencia no resolvió sobre la constitucionalidad de la reforma. Estableció que el cuestionamiento debe tramitarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes, es decir, que la pelea por el termómetro jubilatorio va a seguir en otra mesa judicial. Por ahora, la Ley 11.302 mantiene su vigencia y el sistema previsional entrerriano sigue en pie.
No es un fallo de fondo: no dice que la reforma sea inconstitucional ni que sea perfecta. Solo ordena usar el cauce procesal adecuado. Y eso, en materia previsional, puede ser decisivo, porque cambia el escenario, los plazos y el tipo de prueba que se va a discutir.
