La Fundación Odeón metió la mano en un expediente que no se parece a un reclamo laboral cualquiera: la denuncia penal apunta a María Fernanda Aragón y a su padre, Jorge Isaac Aragón, último intendente de Concordia durante la dictadura. El escrito, de siete páginas, fue firmado por Osvaldo Pérez Hatoum y Gloria Warner, presidente y secretaria del Consejo de Administración.
Los denunciantes no se quedaron en el reclamo laboral de más de $1.800 millones iniciado por la hija del expresidente. Reconstruyen, según la presentación, cómo se habrían decidido y liquidado sus remuneraciones, quiénes daban instrucciones a los estudios contables y cómo Jorge Isaac Aragón intervino personalmente cuando su hija intimó a la Fundación a reconocer una antigüedad laboral desde septiembre de 1998.
La calificación legal provisoria invocada es defraudación por administración fraudulenta, prevista en el artículo 173, inciso 7, del Código Penal, en relación con los artículos 172 y 45. Los denunciantes aclaran que no buscan responsabilidades penales definitivas: piden que la Fiscalía investigue, determine la intervención de cada persona y establezca si hubo perjuicio patrimonial para la entidad.
El primer punto es el más picante: desde agosto de 2016, María Fernanda Aragón habría percibido una remuneración sensiblemente superior a la escala convencional de su categoría. La diferencia se instrumentaba, según el análisis preliminar, mediante un concepto llamado «Adicional complementario de servicio», que en promedio habría superado en 160% el salario básico de convenio.
Los denunciantes dejan claro que no consideran irregular pagar por encima del convenio. El problema, según la revisión documental, es que no encontraron ninguna resolución del Consejo de Administración que hubiera dispuesto, autorizado o ratificado ese beneficio. Ahí entra el vínculo familiar: Jorge Isaac Aragón presidía la Fundación y María Fernanda Aragón era su hija y trabajadora dependiente.
La presentación señala al contador Ricardo Begué, que comenzó a liquidar el personal alrededor de noviembre de 2016. Según el relato incorporado al escrito, el profesional habría manifestado que María Fernanda Aragón se presentó personalmente en su estudio y le indicó expresamente cómo debía liquidarse su remuneración y qué importes adicionales debía percibir.
También menciona al anterior contador, Julio Schmukler, condenado en agosto de 2026 en la megacausa por fraude a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). Los denunciantes sostienen que Schmukler habría señalado que decisiones de esa naturaleza eran adoptadas habitualmente por Jorge Isaac Aragón, y por eso piden que ambos contadores declaren para reconstruir quién impartía las instrucciones.
La denuncia sostiene que, durante ese período, la gestión administrativa cotidiana se habría concentrado fuertemente en Jorge Isaac Aragón y su hija. El texto no incluye la versión de los denunciados; la investigación deberá determinar la intervención de cada persona y si existió un perjuicio patrimonial para la Fundación Odeón.
