El viernes 11 de septiembre, Sergio Urribarri ingresó a la Granja Penal El Potrero y fue ubicado en un pabellón destinado a mayores de 60 años. La decisión del Servicio Penitenciario de Entre Ríos apuntó a resguardar su seguridad dentro de las posibilidades que ofrece un sistema carcelario con falencias históricas. Pero lo que parecía una solución razonable empezó a mostrar sus grietas con el correr de los días.
El sector fue diseñado para 14 internos y hoy alberga a 20. Las habitaciones, pensadas para una sola persona, ahora son compartidas. Las celdas no se cierran con llave ni de noche, el pabellón permanece abierto durante el día y la presencia penitenciaria es escasa. Los internos circulan libremente por el pasillo, el patio, la cocina y el baño. Para alguien con el nivel de exposición pública de un exgobernador condenado, esa apertura no es una ventaja: es un factor de vulnerabilidad.
La celda contigua a la de Urribarri la ocupa Oscar Siboldi, condenado a 21 años por el triple crimen de Bajada Grande en 2019, cuando ejecutó a tiros a tres jóvenes en Paraná. Unas puertas más allá está Manuel Miranda, que asesinó de 25 puñaladas a un hombre en Colón. También comparte el pabellón Edgardo Vallaro, condenado por facilitación de la prostitución de menores y que, ya estando preso, atacó a tres agentes penitenciarios; en requisas recientes se le encontraron elementos punzocortantes.
El listado no termina ahí. Julián Retamal, reincidente con varias condenas por robo calificado con armas, y José Ahumada, con causas por amenazas calificadas y lesiones agravadas, también están alojados en el mismo sector. A ellos se suma un grupo de agresores sexuales, varios con cuadros psiquiátricos severos.
Entre los condenados por abuso sexual figuran Carlos Cleen (8 años, víctima menor de su familia), Jorge Fochesato de Chajarí (7 años), Horacio Poggio (14 años por corrupción de menores agravada en perjuicio de tres niñas), Agustín Ledesma (13 años, víctimas su hija y su nieta), Federico Baridón (15 años) y Darío Palacios (14 años, víctima su hija discapacitada). También está Ángel Constantino, exintendente de Gilbert, condenado a 14 años por abusos contra tres mujeres.
El interno con la condena más extensa del pabellón es Armando Morinigo, pastor evangélico de Chajarí sentenciado a más de 20 años por abusos sexuales reiterados contra integrantes de su congregación.
La pregunta que empieza a circular en el ámbito judicial y penitenciario entrerriano es qué hacer con Urribarri en el mediano plazo. El perfil del pabellón, el hacinamiento y la tensión acumulada plantean un escenario que ningún funcionario quiere que escale. Por ahora, el exgobernador cumple su condena en ese espacio sin que haya una solución alternativa definida.
