Una orden de desalojo publicada en el Boletín Oficial pone en el centro de la escena a las familias que viven en el sector del reservorio hídrico de la Defensa Sur de Concordia. La medida lleva las firmas del intendente Francisco Azcué y del secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, y se tramita bajo el expediente N° 1237 “D” 2026.
El argumento central del Ejecutivo municipal es técnico y urgente a la vez: el reservorio fue construido para cumplir una función específica dentro del sistema de drenaje de la ciudad, y no puede cumplirla si está ocupado. El área actúa como espacio de reserva para la evacuación de los desagües pluviales que llegan principalmente a través del arroyo Concordia, y su rol se vuelve crítico cuando las compuertas de la Defensa Sur deben cerrarse ante una crecida del río Uruguay.
El municipio suma otro fundamento: la existencia de una “inminente crecida del Río Uruguay”, que atribuye al fenómeno de El Niño. Según el texto del edicto, ese fenómeno incrementaría las precipitaciones en la región ribereña y podría generar desbordes e inundaciones. Si el reservorio está ocupado cuando eso ocurra, el riesgo no es solo para la infraestructura: es para las propias familias que viven ahí.
El artículo 2° de la medida establece la desocupación del sector. Un listado elaborado por la Dirección de Gestión Comunitaria, incorporado como Anexo I, identifica a las familias afectadas, mientras que el área comprometida quedaría delimitada por un croquis dentro del expediente. Un segundo anexo registra los datos de los propietarios de los inmuebles involucrados.
Lo que el edicto no dice es, quizás, lo más relevante para las familias: no precisa ninguna alternativa habitacional concreta ni establece un plazo definido para la desocupación. Esas dos ausencias son las que determinan si una medida de este tipo es una política de gestión del riesgo o simplemente un desalojo sin red de contención. Por ahora, el documento publicado no da esa respuesta.
La situación quedará en manos de las áreas municipales competentes, que deberán definir los pasos siguientes para las familias incluidas en el listado del expediente.
