No es un juego de palabras. Es una diferencia de fondo que define toda una política de Estado. Juan Martín Garay, abogado y concejal de Concepción del Uruguay, le respondió al gobernador Rogelio Frigerio con una pregunta que incomoda: cuando hablamos de mejorar el sistema alimentario escolar, ¿estamos hablando de alimentar o de nutrir?
La distinción no es menor. Alimentar es poner comida en una bandeja. Nutrir es garantizar que esa comida sea adecuada para la salud, el crecimiento y el desarrollo de los gurises. Frigerio presentó la reforma del sistema como una superación del anterior, con argumentos de trazabilidad, controles, igualdad y eficiencia. Garay no niega que el sistema anterior tuviera problemas. Lo que cuestiona es la solución elegida y, sobre todo, lo que queda afuera de la discusión.
El punto más filoso del concejal apunta directo al corazón del modelo: centralizar no es lo mismo que ordenar, y concentrar no es lo mismo que controlar. Según Garay, el nuevo esquema termina beneficiando a un operador de enorme escala, mientras saca del circuito a productores, cooperativas, panaderías y pymes entrerrianas que podrían perfectamente integrar una política alimentaria provincial. “Una cosa es modernizar el Estado y otra es confundir modernización con centralización”, escribió.
Sobre la trazabilidad que el gobernador presenta como bandera, el concejal tiene una objeción que pega fuerte: “Podemos saber quién fabricó un producto, cuánto costó, quién lo transportó y en qué escuela fue entregado. Pero si ese producto no es nutricionalmente adecuado, tendremos una magnífica trazabilidad de una mala decisión.” La pregunta, entonces, no es si el sistema tiene trazabilidad. La pregunta es qué estamos trazando.
El argumento de la igualdad también recibe su réplica. Frigerio planteó que el nuevo sistema busca terminar con las diferencias entre lo que recibe un gurí y lo que recibe otro. Garay acepta el objetivo pero cuestiona el método: si para garantizar que todos reciban lo mismo se termina distribuyendo productos que no son los mejores desde el punto de vista nutricional, se logra igualdad en la distribución pero no en el derecho a una alimentación saludable. Ese, dice, es el debate que todavía falta dar.
Y hay un dato que el concejal pone sobre la mesa sin rodeos: la propia implementación del nuevo sistema fue objeto de cuestionamientos judiciales vinculados con los productos que se pretendían distribuir. Eso, en el contexto de un gobierno que promete mejores estándares de calidad, es una contradicción que no se puede esquivar con buenas intenciones.
La réplica de Garay no es una defensa del statu quo ni una oposición por principio al cambio. Es una exigencia de que el debate sea más profundo: Entre Ríos tiene productores, cooperativas, industrias y comerciantes capaces de integrarse a una política alimentaria provincial. La pregunta que le deja al gobernador es simple y directa: ¿por qué no construir un sistema que, además de controlar mejor, use el poder de compra del Estado para desarrollar la propia producción entrerriana? Esa respuesta todavía está pendiente.
