Una resolución que ya genera ruido. El Ministerio de Salud de la Nación formalizó en el Boletín Oficial el procedimiento por el cual los extranjeros no residentes deberán abonar la atención médica no urgente en hospitales nacionales, en línea con el DNU 366/2025 que modificó la Ley de Migraciones.
La norma es clara en su lógica: si el paciente extranjero tiene seguro de salud, el hospital le factura a la aseguradora. Si no tiene cobertura, paga antes de recibir la atención. Sin excepciones para la atención programada. La medida unifica el procedimiento en todos los establecimientos asistenciales dependientes del Estado nacional y fija pautas administrativas y financieras precisas.
Ahora bien, hay una línea que la resolución no cruza: las emergencias siguen siendo universales. Ningún hospital podrá negar ni demorar la atención ante una situación de riesgo real e inminente para la vida, sin importar la situación migratoria del paciente. La lista de cuadros cubiertos es extensa: paro cardiorrespiratorio, infarto, accidente cerebrovascular, traumatismos graves, hemorragias masivas, sepsis, emergencias obstétricas y cuadros pediátricos o neonatales, entre otros.
Una vez resuelta la emergencia, las atenciones posteriores sí podrán ser cobradas. Y la norma incluso contempla los casos dudosos: si al momento del ingreso no queda claro si el cuadro es una emergencia, prevalece la atención inmediata hasta que el profesional responsable lo determine. Las cuestiones administrativas no pueden condicionar esa evaluación inicial.
En cuanto al recupero económico, el procedimiento establece que cuando hay cobertura, el hospital debe notificar el ingreso a la aseguradora dentro de las primeras 24 horas, emitir una factura electrónica de exportación de servicios y otorgar un plazo de 45 días corridos para el pago. Si la aseguradora no transfiere en ese plazo, el Estado puede iniciar acciones judiciales de cobro.
Los residentes permanentes quedan completamente al margen de estas restricciones: acceden al sistema de salud en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos, presentando su DNI. La medida apunta específicamente a quienes ingresan al país sin residencia acreditada y sin cobertura médica, y busca estandarizar un circuito que hasta ahora funcionaba de manera dispar en cada establecimiento.
