El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de Malvinas volvió a poner en pie a Diputados y al Gobierno. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, desembarcó este miércoles en el Congreso para defender la iniciativa oficialista en un plenario de comisiones, en una jornada que se sintió más tensa que informativa.
Su presencia se contrapuso a la ausencia de otros funcionarios que los legisladores habían pedido, como el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti. La funcionaria, ladera directa del asesor presidencial Santiago Caputo, buscó contener los reclamos en la tercera jornada informativa de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
“Este es un tema que nos convoca a todos y se trata de defender nuestra soberanía. Mi propuesta es que podamos deponer las armas”, planteó Ibarzábal Murphy al comenzar. La frase no cayó bien en los bloques críticos y, según se advirtió en la sala, la tensión se elevó de golpe.
Acto seguido, la secretaria de Legal y Técnica admitió que la iniciativa no está exenta de fallas técnicas y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a introducir modificaciones. Anticipó que el dictamen oficialista podría incorporar la creación de una comisión bicameral encargada de supervisar el Consejo de Seguridad Nacional.
Según el Gobierno, ese mecanismo permitiría contemplar la coordinación de los tres poderes en temas de seguridad nacional. El organismo que establece el proyecto estaría integrado por representantes del Ejecutivo bajo la conducción del presidente Javier Milei. Pero la funcionaria ratificó que el texto no se dividirá, como reclama el bloque de Unión por la Patria que conduce Germán Martínez.
Desde la oposición, Provincias Unidas ya adelantó que irá con un dictamen propio que solo reconoce el Título I de la iniciativa, que refiere a la defensa del territorio de Malvinas. La bancada peronista, en tanto, anticipó que impulsará una reformulación del mismo título para reafirmar el reclamo de soberanía y sumar modificaciones a la propuesta oficial.
Ibarzábal Murphy sostuvo que el proyecto forma parte de una estrategia más integral basada en tres pilares: castigar a quienes explotan de manera ilegítima, incentivar a los involucrados para que cesen en esas conductas y dotar al Estado de herramientas para defenderse de amenazas externas. En la práctica, se te aprieta la discusión: ¿es una ley de Malvinas o un paquete más amplio de facultades para el Ejecutivo?
Los sectores críticos tildaron la iniciativa de engañosa y difusa, y acusaron al Gobierno de intentar monopolizar el poder a través de una nueva ley ómnibus. Cuestionan que solo 40 de sus 133 artículos estén directamente vinculados con Malvinas y advierten que el resto amplía las facultades del Ejecutivo en defensa, seguridad nacional, interior y política antiterrorista.
“Es un bodoque normativo. Estamos claramente preocupados por lo que es una tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave”, advirtió Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Los legisladores de UP repitieron que “hay varios proyectos dentro de uno” y señalaron que, hasta el artículo 40, quieren trabajar juntos, pero que después el texto estaría orientado más a la cuestión interna.
El plenario dejó una señal clara: el Gobierno defiende el proyecto en bloque y la oposición busca recortar, reformular o dividir el articulado. La discusión sigue abierta en comisiones, con el eje puesto en el alcance real de la ley y en el equilibrio entre la defensa de Malvinas y la concentración de facultades.
