Llamadas a cualquier hora, presión sobre familiares, vecinos y hasta el jefe. Lo que para muchos es una pesadilla cotidiana podría tener, por fin, un freno legal en Entre Ríos. El diputado provincial Juan Rossi presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia para regular las gestiones de cobranza extrajudicial vinculadas a relaciones de consumo, con el objetivo de establecer límites concretos y sancionar el hostigamiento a personas endeudadas y a su entorno.
La iniciativa apunta a impedir que los gestores de cobro intimiden, engañen o ejerzan presión sobre el deudor o sobre terceros ajenos a la deuda: familiares, vecinos, compañeros de trabajo, empleadores, incluso los hijos. También propone limitar la frecuencia de los contactos y prohibir comunicaciones en horarios inadecuados. Además, el proyecto exige que el gestor, al momento de comunicarse, informe su identidad y la del acreedor, el origen y tipo de deuda, el monto adeudado, la fecha desde la que está pendiente y los medios de pago disponibles. Nada de llamadas anónimas ni presiones a ciegas.
Las sanciones, según la propuesta, alcanzarían tanto a los agentes de cobranza como a los propios acreedores. Es decir, la empresa que contrata el servicio de cobro también respondería si sus gestores se pasan de la raya. Un punto que no es menor: muchas veces las firmas tercerizan el cobro y después se desentienden de los métodos.
Rossi fue directo al explicar el contexto: “Como el modelo económico de Milei no genera crecimiento y los salarios e ingresos están destruidos, y encima aumenta el desempleo, las familias argentinas se endeudan cada vez más. Esta situación crítica aumenta las prácticas nocivas de parte de los gestores de cobro de deudas”. La cita es de él y la responsabilidad política de esa lectura, también.
Los números respaldan la urgencia del debate. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con datos a julio de 2026, en Entre Ríos hay 154.465 personas con deudas en situación de mora. El índice de morosidad provincial se ubicó en el 13%, por debajo del 15,7% registrado a nivel nacional, donde la cifra total de morosos alcanzó a 5.935.719 personas.
“La gente quiere pagar, pero no puede, y eso también afecta la salud mental de millones de personas”, agregó el legislador. Detrás de cada número hay una familia que atiende el teléfono con miedo. El proyecto deberá recorrer el camino legislativo provincial para convertirse en ley, pero su sola presentación pone sobre la mesa una práctica que, hasta ahora, opera en un vacío legal que algunos aprovechan sin pudor.
