La causa por el préstamo del FMI durante el gobierno de Mauricio Macri no está muerta. El fiscal Agüero Iturbe apeló el archivo convalidado por la Sala I de la Cámara Federal porteña y la pelea llega ahora a la Cámara Federal de Casación, la máxima instancia penal del país.
Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi habían avalado el 4 de septiembre la decisión de la jueza de primera instancia de archivar la investigación. En el banquillo de los imputados estaban el ex presidente, el actual ministro de Economía Luis Caputo —que era secretario de Finanzas cuando se tomó el crédito— y el actual ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central. Los cargos: defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.
Para el fiscal, el archivo fue una “decisión arbitraria”. En su presentación sostuvo que ante una denuncia con “mínima seriedad y verosimilitud”, y existiendo impulso fiscal y medidas de instrucción pendientes, el juez no puede cerrar una causa por inexistencia de delito sin antes ejecutar las diligencias necesarias. La lógica es simple: primero se investigan los hechos, después se les pone la etiqueta legal que corresponda.
Agüero Iturbe también rechazó el argumento de la Cámara sobre el tiempo transcurrido. Los camaristas habían señalado que la investigación duró más de 5 años y generó abundante prueba. El fiscal respondió que “el mero transcurso del tiempo no es causal suficiente” para clausurar una investigación, salvo que haya prescripción o vulneración del plazo razonable, dos situaciones que calificó de “ausentes” en este caso. Su conclusión: cualquier cierre sin profundizar la pesquisa es prematuro y carece de fundamento.
Con la apelación presentada, la definición quedará en manos de los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, ya sorteados por una intervención previa de esa instancia. Ellos deberán resolver si ordenan que la investigación continúe o si convalidan el archivo tal como está.
