El escenario judicial que rodea a Cristina y Máximo Kirchner por las causas de lavado de dinero tuvo esta semana un giro que no cayó bien en el Ministerio Público Fiscal: el Tribunal Oral Federal 5 decidió partir en dos lo que hasta el jueves iba a ser un único juicio oral. Hotesur y Los Sauces, las empresas de la familia Kirchner, tendrán ahora sus propios debates por separado.
El calendario ya está fijado. El caso Los Sauces arranca el 23 de octubre, y el de Hotesur desde marzo del año siguiente. Para Máximo Kirchner será la primera vez que se siente en el banquillo de los acusados: deberá responder por asociación ilícita en carácter de organizador y por maniobras de blanqueo de activos. Para su madre, la ex presidenta, será el tercer juicio por corrupción como acusada.
El problema, según la fiscalía, es que dividir lo que estuvo unificado durante ocho años no es un detalle procesal menor. El fiscal general Diego Velasco se opone frontalmente a la decisión del tribunal, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, y anunció que insistirá en su postura: un solo juicio, como se planteó desde el primer día.
Los argumentos del fiscal no son caprichosos. Cuando en 2018 el juez federal Julián Ercolini elevó ambos expedientes a juicio oral, la unificación tenía una lógica sólida: había similitud en las maniobras, se compartían imputados y el fin era el mismo en los dos casos, dar apariencia de licitud a fondos de origen ilegítimo que terminarían en el patrimonio de los Kirchner. Juntarlos reforzaba la prueba y exponía que la maniobra fue prácticamente idéntica en distintos rubros.
Fuentes judiciales cercanas a la fiscalía fueron directas al explicar la posición de Velasco: “Es el mismo hecho, no puede escindirse. Mismo hecho, mismo tiempo, mismos imputados, misma organización”. Y agregaron que incluso las cuentas a donde se derivaron los fondos son las mismas. Separar los casos, insisten, genera un problema concreto: las pruebas de uno no podrán usarse en el otro, porque ya no formarán parte del mismo juicio, aunque las conexiones entre ambas causas sean directas y evidentes.
El TOF 5 justificó la división apelando a la celeridad del proceso: la conexidad entre causas, dijeron los magistrados, es una herramienta de organización y no puede convertirse en un obstáculo para avanzar. También señalaron que los requerimientos de elevación a juicio demuestran que ambas causas tienen objetos procesales diferentes, pese al marco histórico común.
En Comodoro Py hay quienes van más lejos en la lectura política de la decisión y sostienen que dividir los expedientes en dos debates orales equivale a desarmar la investigación. El lavado de activos, argumentan, es un delito en el que las operaciones se cuentan en forma conjunta: cada alquiler no es un hecho aislado, sino parte de una maniobra mayor. Lo que se resuelva en un juicio podría convertirse en cosa juzgada e impedir que se vuelva a discutir en el otro, generando un vacío probatorio difícil de salvar. La discusión sobre si se unifica o no el proceso está lejos de cerrarse.
