¿Vos sabés cómo está la obra social? Los jubilados y pensionados de Concordia quieren subir al recinto del Concejo. La Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo solicitó usar la Banca del Pueblo para plantear la situación de los afiliados al PAMI y pedir respuestas.
Según la organización, el problema se disparó tras la rescisión del convenio que mantenía el Sanatorio Concordia. Esa medida, sostienen, dejó a numerosos jubilados y pensionados sin una cobertura adecuada en la ciudad y la zona de influencia.
Ramón Cabrera, integrante de la Mesa, explicó que la presentación busca alertar sobre la situación de los afiliados al PAMI. Dijo que los hospitales públicos de la región tienen 20.000 cápitas y que, a los 5.000 que tenían antes, hoy se suman 15.000 más.
El reclamo no es menor: piden que se declare la emergencia sanitaria en Concordia y que el gobierno provincial defina medidas. “Queremos que la Provincia tome medidas, que la Nación tome medidas y que nadie se haga el distraído”, señaló Cabrera.
La solicitud ingresó esta mañana y será tratada el jueves próximo. Si se aprueba, pasará a comisión y recién ahí se fijará fecha y hora para hablar en el recinto. La petición reúne 200 firmas y supera con holgura el mínimo exigido de 70 rúbricas.
Cabrera pidió a los concejales escuchar un mensaje distinto al que, según la Mesa, se propaga desde los gobiernos nacional, provincial y local. “Nosotros respetamos a las instituciones, esperamos que nos respeten ellos a nosotros también”, remarcó.
Hasta ahora, el Concejo convocó a una reunión con las autoridades del Sanatorio Concordia y de la UGL Concordia de PAMI. Desde la obra social no acudieron porque entienden que el cuerpo no tiene herramientas para resolver el conflicto y desconfían de las intenciones del reclamo. El prestador privado envió un informe de 50 páginas sobre su situación financiera.
El tema no se queda en Concordia. En Rosario, Buenos Aires, la intersindical de gremios y jubilados realizó un ruidazo frente al Policlínico Pami II para denunciar el vaciamiento de la obra social. Roberto Utrera, secretario adjunto de ATE en Pami Rosario, denunció falta de personal, inversiones en infraestructura y recortes en prestaciones.
“Cada vez hay menos servicios propios para los jubilados”, dijo Utrera. También señaló que consultorios sin médicos derivan a afiliados a efectores privados y que el personal de planta disminuye, mientras ingresan trabajadores precarizados. En Rosario, la advertencia es la misma: el sistema se achica y el jubilado termina pagando el costo.
La Mesa convocó a la comunidad para el miércoles próximo en la Plaza 25 de Mayo, para solidarizarse con los jubilados y expresar su rechazo a un procedimiento policial con demoras. La cita quedó planteada: el jueves el Concejo tratará la solicitud y el miércoles la plaza será escenario de la convocatoria.
