Casi un año sin cobrar, sin agua potable, sin baños y sin ningún elemento de seguridad. Ese era el panorama que encontraron los inspectores cuando llegaron a un establecimiento rural de Corrientes tras una denuncia formal presentada por UATRE, el sindicato que agrupa a los trabajadores rurales y estibadores de la Argentina.
El operativo dejó al descubierto una situación que va mucho más allá de la informalidad laboral: los empleados, sin percibir sus salarios desde hacía aproximadamente doce meses, habían adoptado una estrategia de supervivencia que habla por sí sola del nivel de abandono al que fueron sometidos. Se alimentaban principalmente de animales silvestres que cazaban en la zona. No había otra forma de comer.
La inspección constató además la falta de registración de los trabajadores, lo que significa que para el Estado esas personas directamente no existían en ese empleo. Sin registro, sin aportes, sin cobertura de salud, sin ART. Si alguno se hubiera lastimado en el trabajo, el sistema no habría respondido por nada.
La denuncia de UATRE fue el puntapié inicial que permitió que el operativo se concretara. El sindicato viene advirtiendo desde hace tiempo sobre las condiciones en las que trabajan muchos peones rurales en zonas alejadas del país, donde el control estatal es escaso y la vulnerabilidad de los trabajadores es máxima. Corrientes no es la excepción.
Lo que se detectó en este establecimiento configura un cuadro de explotación laboral en toda regla: ausencia de pago, condiciones sanitarias inexistentes, falta de elementos de protección personal y trabajadores que dependían de la caza para subsistir. Un escenario que en pleno 2026 resulta difícil de procesar pero que existe, y que probablemente no sea un caso aislado.
Las autoridades competentes en Corrientes tomaron intervención a partir del operativo. El expediente quedó abierto y deberá determinarse las responsabilidades penales y laborales que correspondan a los empleadores involucrados.
