Tres años de prisión condicional y ocho años sin poder tocar un volante. Esa fue la condena que recayó sobre Amílcar Hernández, el excolectivero que causó la muerte de Ricardo Centurión, un pasajero de 77 años, mientras conducía bajo los efectos de la cocaína.
Las pericias realizadas en el marco de la causa fueron contundentes: Hernández había consumido cocaína antes de ponerse al mando de la unidad. No hubo margen para la duda ni para la excusa. Un hombre mayor subió a un colectivo confiando en que el conductor estaba en condiciones de llevarlo sano y salvo, y no llegó a destino.
El fallo judicial determinó que la pena sería de tres años de prisión condicional, lo que implica que Hernández no irá efectivamente a la cárcel siempre que cumpla las condiciones que imponga el tribunal. A eso se sumó la inhabilitación para conducir por ocho años, una medida que busca, al menos, sacarlo de la circulación vial por un tiempo prolongado.
El caso lleva el nombre de la víctima, Ricardo Centurión, como suele ocurrir cuando la Justicia decide ponerle rostro humano a una tragedia que pudo evitarse. Un chofer con sustancias en el cuerpo, una empresa con obligación de controlar, y un pasajero que pagó con su vida la negligencia ajena. La condena cierra una etapa judicial, pero la pregunta que queda flotando es si ocho años de inhabilitación alcanzan para compensar una vida que no vuelve.
