Una historia que parece imposible, pero que la Justicia tuvo que resolver con sentencia firme. Dos mujeres nacidas en 1977 en un hospital de Córdoba crecieron toda su vida con familias que no eran las suyas, víctimas de un error que recién salió a la luz 46 años después. El Estado provincial ahora deberá pagar por ese daño.
La verdad empezó a desenredarse cuando una de las afectadas se acercó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). El análisis de ADN confirmó lo que nadie quería imaginar: no tenía vínculo biológico con su familia de crianza. Y además, existía otra mujer nacida el mismo día, en la misma maternidad, con quien había sido intercambiada al nacer.
El juez en lo Civil y Comercial 35 de Córdoba, Mariano Díaz Villasuso, tuvo por acreditado que el intercambio fue consecuencia de un “error o negligencia” del Estado y condenó a la provincia a indemnizar a tres mujeres: las dos niñas entregadas a otras familias —hoy adultas— y la madre de una de ellas, que crió durante años a una beba que no era su hija biológica.
Las indemnizaciones por daño moral se fijaron en entre 25 y 30 millones de pesos más intereses. El magistrado fue contundente en su fundamentación: “Parece acaso evidente que la principal obligación de una maternidad es brindar la diligencia necesaria y suficiente para que el parto se lleve a cabo en condiciones de seguridad y, luego, que los bebés sean entregados a sus respectivas familias”.
Díaz Villasuso subrayó que el intercambio provocó “la adulteración y sustitución de la identidad personal y familiar” de las víctimas, y que el derecho a la identidad es un derecho humano esencial. “Baste con imaginar el profundo impacto que debe tener para una persona conocer, luego de haber transitado gran parte de su vida adulta, que su familia de crianza en realidad no es su familia biológica”, escribió en la sentencia.
El fallo también aclaró un punto sensible: el hecho no guarda relación con la última dictadura cívico-militar, aunque el hospital donde nacieron las niñas formó parte del circuito represivo de aquella época. Las madres ingresaron de manera libre y voluntaria el día del parto, y los perfiles genéticos de las involucradas no arrojaron coincidencias con familiares de personas desaparecidas registrados en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Fue, en definitiva, una negligencia institucional que destruyó la historia de tres familias y que la Justicia recién pudo reparar —al menos en parte— casi cinco décadas después.
