La promesa sonó fuerte y contundente: Javier Milei anunció que su gobierno castigaría, “directa o indirectamente”, a toda empresa con vínculos económicos vinculados a las Islas Malvinas. El problema es que la amenaza le rebotó de manera inmediata y con nombre y apellido.
Resulta que Eduardo Elsztain, uno de los financistas más cercanos al presidente, es accionista de la Falkland Islands Company (FIC), una compañía de enorme relevancia estratégica y económica en las islas. No es un vínculo menor ni indirecto: es una participación accionaria concreta en una de las empresas más emblemáticas de la economía malvinense.
El segundo dato no es menos incómodo. Fondos israelíes con participaciones en las petroleras vinculadas al proyecto Sea Lion también invierten en Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperín, el otro gran referente económico del círculo íntimo de Milei y figura clave de las llamadas Fuerzas del Cielo. La cadena de conexiones, entonces, llega directo al corazón del entorno presidencial.
La pregunta que queda flotando es tan sencilla como devastadora: ¿va a sancionar Milei a sus propios financistas y consejeros? La respuesta, a juzgar por los antecedentes, es obvia. A Elsztain y Galperín no los va a tocar. Los une no solo el dinero sino también, según el propio presidente reconoció públicamente, una afinidad religiosa que él mismo describió como una “rendición incondicional”.
El episodio deja al descubierto una contradicción difícil de sostener: un presidente que agita el reclamo soberano sobre Malvinas con declaraciones encendidas en redes sociales, pero que en los hechos no aplicaría sus propias amenazas a quienes más cerca tiene. La base militante que consume esos mensajes en las plataformas digitales probablemente no llegue a conocer estos detalles. Pero los datos están, son verificables, y forman parte del registro de lo que ocurre en la Argentina de hoy.
