No hubo eufemismos ni medias palabras. Nahuel Gallo, el gendarme argentino que pasó 448 días detenido en Venezuela bajo una acusación de espionaje que nunca se probó, decidió romper el silencio de la manera más directa posible: con nombres y apellidos.
“Hoy quiero empezar a ponerles nombre y apellido a quienes deben responder por lo que me hicieron”, escribió Gallo en sus redes sociales. La frase que más pesa es la que describe su lugar en esa estructura de poder: “Yo era ‘el preso de Diosdado'”. Y señaló sin rodeos a Diosdado Cabello como “el principal responsable político de mi secuestro”, remarcando que el dirigente chavista sabía dónde estaba y habló públicamente de él y de la supuesta acusación por espionaje.
Pero Gallo no se quedó en el nombre más conocido. También apuntó contra la estructura de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, nombrando a Javier Marcano Tábata, director del organismo, y a Alexander Granko Arteaga, vinculado al área de Asuntos Especiales. Dos engranajes de una maquinaria que, según su relato, lo tuvo cautivo durante más de un año.
También identificó a los responsables del penal El Rodeo I, donde cumplió parte de su detención: Carlos Enrique “Tiburón” Rincones Serven, director durante el primer período de su cautiverio, y Alexander José “Pater” Martínez Endeiza, quien lo reemplazó. “Dentro del penal nunca conocíamos sus verdaderos nombres. Los uniformados que tenían contacto con nosotros utilizaban seudónimos y tenían el rostro cubierto. Sus identidades las conocimos después”, relató.
El caso arrancó el 8 de diciembre de 2024, cuando Gallo ingresó con su pasaporte argentino a Venezuela para reunirse con su esposa, la venezolana María Alexandra Gómez, que había viajado a Caracas con el hijo de ambos, Víctor, para pasar las fiestas con su familia. Lo que iba a ser un reencuentro familiar se convirtió en casi 15 meses de detención arbitraria que generaron una crisis diplomática entre Argentina y el régimen de Nicolás Maduro.
Con este descargo público, Gallo da un paso que va más allá del testimonio personal: construye un registro con nombres concretos de quienes, según su versión, deben responder por lo ocurrido. La lista, dice, recién empieza.
