Las palabras no fueron suaves ni buscaron serlo. Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, salió con todo contra el fallo que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años.
“El garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar”, disparó el mandatario santafesino a través de su cuenta en X. Y fue más lejos: “Los jueces están para que las leyes se cumplan”, remarcó, en referencia directa a la magistrada Marta Elba Pascual, de Lomas de Zamora, quien dictó la medida.
La decisión judicial llegó cuando la norma apenas tenía 48 horas de vigencia efectiva. La jueza actuó a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, encabezada por el sacerdote José María Di Paola, el conocido padre Pepe, en representación de adolescentes privados de su libertad. El argumento central: la provincia de Buenos Aires no tendría la infraestructura necesaria para sostener el cambio normativo.
Para Pullaro, ese razonamiento no se sostiene. “La ley es muy clara al no permitir que los delincuentes, de la edad que sea, se la lleven de arriba”, afirmó. Y apuntó directamente a la realidad santafesina para justificar su postura: “En Santa Fe sabemos muy bien lo que pasa cuando los menores son impunes con la excusa de su edad. Roban y matan, y el Estado no puede hacer nada para frenarlos“, señaló, en alusión a los ciclos de violencia ligados al narcotráfico que golpearon a esa provincia.
El gobernador también marcó que Santa Fe ya se preparó para aplicar la norma: cuenta con tobilleras electrónicas, institutos de menores y módulos penitenciarios especializados para los casos más graves. “La ley se tiene que aplicar“, cerró.
No fue el único en cruzar el fallo. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuestionó el alcance de la medida y fue categórico: “Esa jueza se ha extralimitado. Tiene la opción de declarar la inconstitucionalidad de la ley si considera que corresponde, pero no tiene, de ninguna manera, la facultad de suspenderla por 60 días”. Cornejo también destacó las inversiones que realizó Mendoza en infraestructura penitenciaria como ejemplo de que los argumentos logísticos no justifican frenar una norma vigente.
El fallo ya había encendido una pelea entre el gobierno nacional y el bonaerense. Diego Santilli, ministro del Interior, criticó el “silencio” del gobernador Axel Kicillof ante la decisión judicial. La respuesta llegó desde Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, quien sostuvo que bajar la edad de imputabilidad “no alcanza” y el cruce derivó en reproches por deudas de Nación con las provincias y la falta de infraestructura. El debate sobre el nuevo régimen penal juvenil, aprobado por el Congreso hace más de seis meses, está lejos de cerrarse.
