Trece años. Ese fue el tiempo que tardó la Justicia en cerrar el círculo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra el exgobernador Sergio Urribarri: ocho años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. No es una acusación política. Es una sentencia, con proceso completo y derecho de defensa ejercido.
La historia arranca en mayo de 2013, cuando Urribarri transitaba uno de los picos de mayor concentración de poder de sus dos gobernaciones en Entre Ríos. En ese contexto, el Comité Provincial de la UCR, bajo la presidencia de D’Agostino, presentó la primera denuncia por negociaciones incompatibles. El blanco: contrataciones de publicidad oficial, adjudicaciones directas, mecanismos de excepción y ausencia de cotejo de precios. No era un momento cómodo para denunciar. Era, exactamente, el momento en que hacerlo tenía costos reales.
Uno de los hechos denunciados en aquel momento fue la contratación de Global Means, una empresa que recibió una orden de publicidad del Estado provincial antes de estar legalmente constituida. Ese episodio se convirtió en la causa Nº 6.399 y terminó siendo uno de los cinco hechos por los cuales Urribarri fue condenado. Un detalle que no es menor: la denuncia original anticipó con precisión lo que la Justicia tardó más de una década en confirmar.
La UCR, en su comunicado, fue clara en un punto que merece subrayarse: no celebra el encarcelamiento de una persona, pero sí reivindica que nadie esté por encima de la ley y que los recursos públicos no pueden usarse para beneficiar intereses particulares, familiares o electorales. La distinción importa. No es revanchismo; es institucionalidad.
El fallo llega con una pregunta implícita que flota sobre la política entrerriana: ¿qué hacen con esto quienes tuvieron responsabilidades durante aquella gestión y todavía guardan silencio? La sentencia firme de la Corte no solo cierra un expediente. Interpela a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, universidades y al periodismo. La condena es individual, pero la reflexión que convoca es colectiva. Trece años después, la Justicia llegó. Y con ella, la confirmación de que denunciar cuando el poder incomoda sigue siendo un acto con consecuencias, pero también con sentido.
