Cuatro muertos, una condena firme y ahora una nueva batalla jurídica. El caso Juan Ruiz Orrico, el funcionario del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER) que conducía borracho y mató a cuatro jóvenes sobre la Ruta Provincial 39 en la madrugada del 20 de junio de 2024, volvió a generar chispas esta semana con un planteo de la defensa ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Los abogados Félix Pérez, Leandro Monje y Leopoldo Lambruschini no buscan revertir la culpabilidad de su cliente —eso ya está firme—, sino conseguir una reducción de los cinco años y ocho meses de prisión efectiva que le impusieron. El argumento: la figura de la concausa, es decir, responsabilizar parcialmente a las víctimas por el resultado fatal porque no llevaban puesto el cinturón de seguridad. También señalaron que el Chevrolet Corsa 2001 en el que viajaban los jóvenes tenía cubiertas con poco dibujo y partes atadas con alambre.
El abogado querellante Arcusin no tardó en responder y lo hizo con contundencia. Recordó que desde que las víctimas salieron de Basavilbaso esa noche cruzaron varios autos sin ningún inconveniente. “El único fue Orrico, que venía borracho, se cruzó de carril y los mató”, dijo sin vueltas. Para graficar el argumento, Arcusin comparó la situación con su propio vehículo, una VW Suran con cinturón de tres puntos y airbag: “Si venía como venían ellos y se me cruzaba Orrico, me mataba igual porque los tiró 20 metros para atrás”. El médico forense, citado por el letrado, fue claro durante el juicio: la causa de la muerte fue la violencia del impacto.
Arcusin también cuestionó que el STJ haya aceptado el recurso federal. A su criterio, debería haber sido rechazado sin mayores argumentos. De todas formas, fue enfático en un punto: aunque le rebajen la pena —sea a cinco años y medio, cinco o cuatro—, ese día “la Policía va a ir a buscar a Orrico y lo llevan a la cárcel”. El único interrogante es el tiempo: la sentencia puede dictarse el mismo día de la audiencia o días después, y el STJ es la única instancia judicial sin plazos para expedirse.
El abogado cerró con una reflexión que apunta más alto que el expediente. Comparó la condena de Orrico con la del ex gobernador Sergio Urribarri, quien recibió ocho años de prisión por delitos contra la administración pública, mientras que a Orrico le dieron cinco años y ocho meses por cuatro muertes. “Hay que cambiar la ley”, sentenció. Una frase corta que resume una grieta profunda en el sistema penal argentino: matar en la ruta bajo los efectos del alcohol puede costar menos que robarle al Estado.
