Una foto vale más que mil informes administrativos. Y la que circula del acto realizado en la sede del Sindicato de la Fruta de Entre Ríos y Corrientes la semana pasada puede costarle muy caro al proceso de intervención que desplazó a Alcides Camejo de la secretaría general del gremio.
El interventor Amaro, respaldado según fuentes gremiales por Eduardo “Lule” Menem, irrumpió en el sindicato con el aval de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que depende de la ministra Sandra Pettovello. El pretexto fue una decisión de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (Fatrefu). El objetivo declarado: la “normalización” del gremio. Pero lo que quedó expuesto en esa foto del lunes es otra cosa.
En el acto aparece Eduardo Vidoni, responsable de la Agencia Territorial Concordia de la Secretaría de Trabajo, que ofició como intermediario institucional para que la intervención tuviera aval nacional. Junto a él, el interventor Amaro y Roque Fleitas, conocido como “el Lagarto”, presidente del partido de los Milei en Entre Ríos, que llegó con banderas de La Libertad Avanza para que no quedaran dudas del tono del evento. También participaron el diputado nacional Pablo Ansaloni, el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Martín Fernández, y el subsecretario de Economías Regionales, Martín Giaccio.
Para Camejo y sus abogados, esa foto es la prueba central. Ya la presentaron ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para argumentar que Vidoni tiene un interés político-partidario evidente, y que todos los informes, actas e inspecciones que esa delegación elevó a Nación para justificar la intervención están viciados de parcialidad. La estrategia legal apunta a pedir la nulidad absoluta de todo el proceso, amparándose en el artículo 14 de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, que habilita ese recurso cuando un acto administrativo tiene un “vicio de finalidad”.
El argumento es directo: la intervención no buscó normalizar el gremio sino quedarse con la caja, en particular con la obra social de los trabajadores rurales y frutihortícolas. Si prospera esa lectura, la intervención quedaría anulada y el sindicato volvería a manos de Camejo. La Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551 exige neutralidad al interventor y al Estado. Participar de un acto partidario en la sede intervenida es, según la denuncia, una violación flagrante de ese principio.
La situación también tiene proyección internacional. Camejo analiza llevar el caso a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denunciando la violación del Convenio 87 sobre libertad sindical. Ese convenio lo garantiza el Estado nacional, y específicamente el Ministerio de Capital Humano. Si un funcionario subordinado como Vidoni usó instalaciones sindicales intervenidas para desplegar propaganda de La Libertad Avanza, el ministerio de Pettovello quedaría expuesto a una responsabilidad por omisión de fiscalización e injerencia política directa. El expediente judicial sigue su curso y la pulseada entre el gremio intervenido y el Estado nacional recién empieza.
