El reloj corre y los jubilados de Concordia miran el calendario con preocupación. La posible ruptura del convenio entre PAMI y el Sanatorio Concordia pone en jaque la atención de más de 15.000 afiliados, y el Concejo Deliberante decidió mover fichas antes de que el daño sea irreversible.
La resolución aprobada por el cuerpo convoca a las autoridades de ambas instituciones a una reunión que, según la concejal Villalba, debe realizarse «a la mayor brevedad posible». Aún no hay fecha confirmada. El conflicto de fondo no es nuevo: los sanatorios privados siguen cobrando con aranceles del año 2024, mientras los costos operativos no paran de escalar. «No se pueden mantener con los mismos costos», sintetizó la concejal Carolina Amiano del bloque PJ, quien junto a Villalba se reunió con el directorio del Sanatorio hace dos semanas y luego con la responsable del PAMI local, Karina Bernardi.
La resolución advierte con claridad lo que está en juego: la interrupción de las prestaciones podría derivar en la suspensión de cirugías programadas, demoras en tratamientos oncológicos y dificultades para acceder a prestaciones básicas de salud. No son escenarios abstractos; son consecuencias concretas sobre personas concretas.
El punto más caliente de la sesión fue el artículo que instaba al Ejecutivo Municipal a pedirle al Ministerio de Salud de la Provincia un plan de contingencia preventivo para los hospitales Masvernat y Heras. Ese artículo fue eliminado en un cuarto intermedio, a pedido del bloque del oficialismo y de La Libertad Avanza. La concejal Yaiza Pessolani Bechet de LLA cuestionó que se hablara de «colapso» sin datos concretos sobre capacidad hospitalaria y disponibilidad de camas. «Una cosa es compartir esta preocupación y otra es afirmar escenarios sin todos los elementos necesarios», dijo desde el recinto.
Villalba no bajó el tono. Señaló que si el plazo normal de una cirugía programada ya es de cuatro o cinco meses, ese tiempo se estirará aún más si los pacientes migran al sistema público. Y aunque no haya un colapso en el sentido estricto, la incorporación de 15.000 jubilados al hospital público implica menos recursos disponibles para quienes ya hoy no tienen acceso a la medicina privada. «Ellos desconocen la realidad de lo que está sucediendo en salud pública», disparó la edil.
El contexto social que pintó Villalba es duro: 12.000 puestos de trabajo perdidos en la provincia, de los cuales entre el 25 y el 30 por ciento corresponden a Concordia. Multiplicado por el grupo familiar, el impacto se vuelve masivo. A eso se suman quienes abandonaron su prepaga por no poder pagarla, monotributistas en la misma situación y afiliados a obras sociales con problemas financieros que terminan haciendo fila en los hospitales. «No podemos mirar para otro lado y fingir que no pasa nada. Estamos en una crisis muy importante», remarcó.
El Concejo logró al menos una unanimidad parcial: la convocatoria a las partes fue votada por todos los bloques. Ahora la pelota queda en manos del Sanatorio Concordia, de PAMI y del tiempo que reste antes de que el convenio se interrumpa definitivamente.
