Casi 1.300 kilos de marihuana, una camioneta con patente adulterada, una persecución en un camino vecinal cerca de San Gustavo y, al final del hilo, un comisario de la Policía de Entre Ríos detenido por orden de la Justicia Federal. El caso sacudió a la fuerza y el ministro de Seguridad provincial salió a dar la cara.
Todo arrancó el 13 de febrero, cuando efectivos de la Policía Rural interceptaron una Citroën Jumper blanca que circulaba por un camino vecinal próximo a la ruta provincial N° 1, en inmediaciones de San Gustavo. Al intentar detenerla, el vehículo escapó. Tres personas se bajaron y se metieron en el monte. En la requisa, los policías encontraron el cargamento de marihuana y lograron detener a uno de los ocupantes.
La investigación que siguió fue federal. Los pesquisas determinaron que la camioneta no tenía pedido de secuestro por robo, aunque registraba una denuncia por estafa, y que circulaba con una patente que correspondía a otro vehículo. Ese rastro llevó hasta el comisario Rosatelli, funcionario policial con tareas en el área jurídica de la Departamental Paraná, quien además es abogado.
Cuando el nombre de un integrante de la propia fuerza apareció en la investigación, el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, tomó una decisión lógica: sacó el operativo de manos de la Policía de Entre Ríos y le encomendó los allanamientos a la Policía Federal Argentina. Fueron cuatro procedimientos en total: el domicilio particular de Rosatelli, su oficina en la Departamental, y un domicilio en la ciudad de Chajarí.
El ministro Marcelo Roncaglia fue categórico al hablar del caso. «No es una simple sospecha», afirmó, y aclaró que cuando un juez federal ordena una detención para indagatoria es porque existen elementos concretos que lo justifican. «Hay muchas pruebas, le puedo asegurar, pero no puedo estar en detalle», dijo, en referencia al secreto de sumario que pesa sobre la causa.
Roncaglia también destacó la calidad del trabajo previo de los investigadores de la propia fuerza. «La investigación la hizo la Policía de Entre Ríos. Pude ver los informes que le hicieron al juez y son muy concretos, muy puntuales y de mucha seriedad», señaló. Y fue claro respecto a la postura del Gobierno provincial: «Nosotros teníamos por premisa ir hasta las últimas consecuencias y no nos importan los actores. Nadie está por encima de la ley».
El ministro también se encargó de aclarar que el caso no implica una situación que alcance a toda la institución policial. «No es institucional. Puede haber uno o dos actores, pero no son todos así», sostuvo. Hasta el momento, la causa registra cinco detenidos: el comisario Rosatelli y cuatro civiles. La investigación sigue su curso bajo reserva judicial.
