El Gobierno de Entre Ríos salió a aclarar el tablero después de que la Justicia le pusiera un límite concreto al nuevo esquema de alimentación escolar. Lo hizo con un comunicado que tiene dos mensajes en simultáneo: acatamos el fallo, pero no retrocedemos en lo central.
El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Nº 9 de Paraná, Juan Francisco Malvasio, hizo lugar a una acción de amparo colectivo impulsada por un grupo de madres y padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Fundación CAUCE. La resolución es concreta: el gobierno provincial deberá abstenerse de ofrecer, servir o distribuir en las escuelas públicas alimentos que contengan uno o más sellos de advertencia octogonales, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley Nº 27.642 de Etiquetado Frontal. La medida aplica a los productos no perecederos destinados a desayunos y meriendas en los establecimientos que dependen del Consejo General de Educación (CGE).
La respuesta oficial fue rápida y cuidadosamente redactada. El Ejecutivo subrayó que “la resolución no anula la licitación, no rescinde el contrato vigente, no impide el sistema centralizado de provisión ni ordena regresar al mecanismo anterior”. En criollo: la pelea por el modelo centralizado de compras sigue en pie, y el fallo solo toca una arista específica, la de los productos con sellos de advertencia nutricional.
Desde el gobierno también destacaron que la sentencia reconoce las facultades del Poder Ejecutivo provincial para organizar el Programa Alimentario Escolar, definir menúes, seleccionar proveedores y administrar los recursos. Y que el fallo le da valor probatorio a la documentación técnica presentada por la Provincia, reconociendo que la centralización surgió de un diagnóstico orientado a mejorar la trazabilidad y los controles.
El esquema que defiende el gobierno es mixto: los desayunos y meriendas tendrán organización provincial, mientras que los almuerzos seguirán siendo administrados por cada escuela, que continuará comprando en comercios y proveedores locales. La licitación pública que dio origen al sistema, según el comunicado, fue el resultado de más de un año de trabajo desde el inicio de la gestión.
“El objetivo no es defender un producto, una marca o una empresa, sino garantizar una mejor alimentación para los estudiantes entrerrianos”, expresaron desde el Ejecutivo. Una frase que suena a respuesta directa a quienes cuestionaron si detrás del nuevo sistema había intereses que iban más allá del plato de los chicos.
El Gobierno aclaró que realizará las adecuaciones necesarias respecto de los productos alcanzados por la resolución y que continuará analizando los fundamentos jurídicos de la sentencia y los pasos procesales correspondientes. Mientras tanto, garantizó que ningún estudiante dejará de recibir su desayuno o merienda durante el proceso de adecuación.
