Una norma que llevaba tres décadas sin tocarse acaba de quedar atrás. El Gobierno nacional firmó el Decreto 689/2026, que reemplaza el Anexo R del histórico Decreto 779/95 y actualiza el régimen de pesos y dimensiones para el transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional. El argumento central: la regulación vigente era tan obsoleta que los camiones podían cargar más de lo que la ley les permitía.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lo dijo sin rodeos: “Teníamos el absurdo de tener camiones que pudiendo cargar más no podían hacerlo porque la norma, obsoleta, lo prohibía.” La reforma busca eliminar esa contradicción y alinear la normativa argentina con los estándares vigentes en Brasil, principal socio comercial y referencia regional en logística de cargas.
Entre los cambios más concretos, el decreto establece nuevas longitudes máximas para vehículos de carga: 19,60 metros para tractocamiones con semirremolque de articulación simple, y configuraciones de bitrén que van desde los 23,40 metros hasta los 31,25 metros, según el tipo de articulación. Los pesos permitidos también se amplían, respetando los límites por eje para no comprometer la infraestructura vial.
La norma también incorpora criterios específicos para vehículos propulsados a Gas Natural Comprimido (GNC), que podrán usar cubiertas súper anchas para compensar los mayores costos de esa tecnología. Lo mismo aplica para vehículos eléctricos puros e híbridos, en línea con la política de promover tecnologías con menor impacto ambiental. El aprovechamiento del gas vehicular derivado del desarrollo de Vaca Muerta aparece como uno de los motores detrás de esta actualización.
Un punto relevante del decreto es que le otorga a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía facultades para seguir actualizando la normativa a medida que evolucione la industria automotriz, sin necesidad de pasar por un nuevo decreto cada vez. Podrá establecer nuevas configuraciones, modificar longitudes e incorporar relaciones de peso y potencia, además de definir implementaciones graduales o excepciones cuando sea necesario.
La reforma apunta a reducir los costos logísticos del transporte terrestre, mejorar la competitividad del sector y contar con una regulación más dinámica que no quede desactualizada frente a los cambios tecnológicos. Para el sector del transporte de cargas, que opera en márgenes ajustados y depende de la eficiencia operativa, la posibilidad de aprovechar al máximo la capacidad de cada viaje puede representar una diferencia concreta en la ecuación de costos.
