La universidad pública vuelve a parar. Conadu, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, resolvió en su Plenario de Secretarios y Secretarias Generales un paro de 24 horas para este miércoles 12 de agosto, con acciones de visibilización en defensa de la educación pública, la ciencia y la tecnología.
El plan de lucha no termina ahí. La federación anunció el relanzamiento de las “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, que se instalarán entre el martes 18 y el viernes 21 de agosto frente al Palacio Pizzurno, en Buenos Aires, con réplicas en distintos puntos del país. Y el golpe más fuerte viene a fin de mes: un paro nacional de 48 horas el jueves 27 y viernes 28 de agosto.
Las medidas fueron definidas ante lo que los gremios describen como el incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada hace casi 300 días, sin que el Gobierno nacional haya dado respuestas concretas. El reclamo incluye la actualización de los salarios docentes, de las becas Progresar y Belgrano, la transferencia de incrementos para gastos de funcionamiento y hospitales universitarios, y el cumplimiento del acta paritaria. También exigen que estas demandas sean contempladas en el Presupuesto 2027.
La situación judicial suma presión al conflicto. El 26 de junio, la Corte Suprema dejó vigente la medida cautelar que ordena al Estado cumplir con la ley. El 4 de agosto, la Cámara Contencioso Administrativo Federal removió el último obstáculo procesal y el expediente volvió al juez de primera instancia. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya pidió la ejecución inmediata de esa medida judicial.
Por su parte, Conadu Histórica adhirió al paro del miércoles y anunció además una huelga de una semana a partir del 18 de agosto. Desde esa organización denunciaron que los salarios docentes acumulan una pérdida del 28% y reclamaron el reconocimiento de la caída salarial de 2023. También cuestionaron la actualización de las becas estudiantiles y señalaron que las universidades aún no recibieron el 20% de incremento presupuestario destinado a gastos de funcionamiento, lo que afecta directamente las actividades de investigación, extensión y al Conicet.
En el Plenario también se rechazaron declaraciones del presidente Javier Milei, quien según Conadu calificó de “terroristas” a estudiantes, investigadores y docentes universitarios. La federación consideró que esas expresiones estigmatizan a quienes defienden la educación pública. El conflicto tiene fecha de revisión: después de la paritaria universitaria convocada para el 1° de septiembre, el Plenario volverá a reunirse para evaluar si se profundizan las medidas de fuerza.
