La causa penal contra el Aero Club Chajarí dio un paso significativo: la Unidad Fiscal de Chajarí amplió la pericia contable ordenada en el marco del legajo de investigación N.º 29.646 y exigió la entrega de libros contables de los últimos 15 años. La resolución, dictada el 18 de mayo de 2026, pone bajo la lupa cada movimiento económico, financiero y administrativo de la institución desde 2010 hasta 2024.
El disparador de todo fue la denuncia presentada el 4 de octubre de 2024 por Luis Alberto Tavella, ex tesorero del Aero Club, quien señaló a integrantes de la conducción por presuntas maniobras de administración fraudulenta, irregularidades societarias y operaciones vinculadas a la venta de terrenos pertenecientes al patrimonio institucional. La causa fue archivada en un primer momento, pero el fiscal coordinador de Concordia, José Daniel Costa, la reabrió al considerar que había elementos suficientes para sostener la investigación.
El perito designado deberá responder preguntas que van al hueso: si los libros contables fueron llevados correctamente y rubricados por la autoridad competente, si los estados contables fueron confeccionados y aprobados en tiempo y forma, y si existe correspondencia entre los registros, los movimientos bancarios y la evolución patrimonial de la entidad. También tendrá que identificar quiénes estuvieron autorizados para operar las cuentas bancarias durante esos años.
Uno de los puntos más sensibles del informe será el análisis patrimonial. El perito deberá establecer cuál era el patrimonio del Aero Club en 2010 y cuál al momento de la denuncia, verificar si hubo diferencias injustificadas, y determinar si las ventas o transferencias de bienes fueron autorizadas por las asambleas y si los valores se correspondían con los precios de mercado. Si se detectan inconsistencias, deberá cuantificar el eventual perjuicio económico para la institución.
La Fiscalía también intimó al Aero Club a entregar en 48 horas el Libro Diario, el Libro de Inventario y Balance, los libros de Caja y auxiliares, y toda la documentación contable —tanto física como digital— del período investigado. No es un pedido menor: quince años de registros en un plazo que no admite demoras.
Tavella, quien habló públicamente sobre el avance de la causa, señaló que la ampliación de la pericia llega con retraso: el perito contable había sido designado en octubre de 2025 y recién en mayo de 2026 se ordenó la ampliación del trabajo pericial. La lentitud del proceso es un dato que la propia fuente no oculta. La investigación sigue su curso y el dictamen pericial será clave para determinar si las irregularidades denunciadas configuran o no un ilícito penal.
