El conflicto en Granja Tres Arroyos sigue pesando sobre cientos de familias entrerrianas, y la Provincia intenta dar respuestas concretas mientras la situación no se resuelve. El dato más reciente lo pone en perspectiva: 825 trabajadores ya solicitaron el subsidio provincial de 200 mil pesos por empleado afectado, y los primeros pagos se efectivizaron la semana pasada.
El secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, describió la intervención estatal como un “acompañamiento orientado a la contención social”. El sistema de relevamiento de solicitudes continúa activo y el objetivo es dar respuesta a todos los trámites iniciados en los próximos días. No es poca cosa: más de ochocientas familias esperando que el Estado cumpla lo que prometió.
Pero el subsidio es solo una parte del paquete. La Provincia también distribuyó 1.900 módulos alimentarios en dos entregas y gestionó una tarifa social diferenciada de energía eléctrica a la que ya accedieron 525 hogares. En un contexto de desempleo repentino, que la boleta de luz no aplaste el presupuesto familiar no es un detalle menor.
Uno de los flancos más delicados es el de la salud. El desfinanciamiento de la obra social de los trabajadores dejó a muchas familias sin cobertura, y ahí la Provincia salió a cubrir el bache junto al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), trabajando en la provisión de medicamentos. Para los casos de patologías crónicas, la asistencia se articula en coordinación con el Hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay.
El operativo se completa con equipos técnicos y sociales que realizan seguimiento caso por caso, en coordinación con los municipios y las áreas provinciales. La magnitud del problema exige que esa red funcione: son cientos de situaciones particulares, cada una con su propia urgencia. El Estado provincial tomó el compromiso; ahora el desafío es sostenerlo hasta que el conflicto encuentre una salida definitiva.
