La bronca tiene nombre y apellido: Teknofood, una empresa porteña que llegó con un contrato millonario para reemplazar la comida fresca en los comedores escolares de Concordia por productos ultraprocesados empaquetados. Directivos de escuelas de la ciudad firmaron una nota rechazando el nuevo sistema y exigiendo su suspensión inmediata.
Entre los argumentos más duros, los rectores apuntaron a un retroceso nutricional concreto: “Sustituir la comida fresca comprada en la comunidad por productos industriales de góndola y ultraprocesados empaquetados daña la soberanía alimentaria de las escuelas y reduce la dieta a productos diseñados para durar meses en estanterías y no para alimentar”. No es una queja menor: es una denuncia sobre qué tipo de Estado decide qué comen los chicos.
El cuestionamiento legal también es serio. Según los directivos, el nuevo esquema viola el artículo 11 de la Ley Nacional N° 27.642 de Etiquetado Frontal, que prohíbe alimentos con sellos de advertencia en los colegios. Además, colisiona con la Ley Provincial N° 10.594 de seguridad alimentaria y la Ley Nacional N° 27.118 de Agricultura Familiar, que prioriza a pequeños productores territoriales por sobre corporaciones monopólicas. Tres leyes incumplidas de un saque.
A eso se suma el daño al tejido económico local. Al centralizar las compras en una corporación de Buenos Aires, el Estado destruye el circuito de proveedores entrerrianos históricos, a quienes además se les adeudan cifras millonarias. El dinero que antes circulaba en la región ahora viaja directo a otra provincia.
Las condiciones edilicias agravan el panorama. Los directivos advirtieron que muchos establecimientos carecen de espacio para acopio, tienen fumigación vencida desde marzo de 2026 o directamente sin fumigar, sin matafuegos recargados y sin cocina o gas natural. “El uso de garrafas no es seguro para el manejo masivo de estos productos”, remarcaron. Nadie parece haber pensado en eso antes de firmar el contrato.
También pidieron, por vía de excepción, que en días de lluvia, feriados o actos escolares se permita al personal de comedores cocinar tortas fritas, un pedido que tiene raíz cultural e identitaria en el departamento. Pequeño detalle que dice mucho sobre lo que se está perdiendo.
Desde AGMER Concordia, la secretaria general María José Chapitel fue directa: “Se va a gastar el doble de lo que se invierte ahora, pero para una comida de menor calidad”. La gremialista comparó el contraste entre un yogur o leche chocolatada que reciben los chicos actualmente con “un polvo elaborado con sabor a banana”. También puso en duda el reemplazo de facturas por galletitas fraccionadas de siete unidades, muy distintas a las que se consumen en la zona, y se preguntó qué pasará con la fruta que se entrega dos veces por semana a los alumnos de secundaria.
Los directivos cerraron su presentación rechazando los intentos de criminalizar la honorabilidad de quienes conducen las escuelas. Señalaron que las deficiencias del sistema responden a trabas burocráticas del propio Estado y a irregularidades históricas de la Dirección de Comedores Central, organismo con denuncias penales acumuladas. La exigencia final apunta al Consejo General de Educación y a la Delegación Departamental de Educación de Concordia: que intervengan, que defiendan a las comunidades educativas y que suspendan un sistema que, según quienes lo padecen, no alimenta sino que retrocede.
