El transporte interurbano de pasajeros en Entre Ríos va a tener ojos encima. El gobierno provincial anunció la implementación de un sistema inteligente de fiscalización que permitirá monitorear en tiempo real los recorridos, los horarios, las tarifas cobradas, la cantidad de pasajeros y el estado de los choferes que operan en las rutas de la provincia.
La iniciativa apunta a cerrar una brecha de control que, según reconocen desde el propio sector, venía siendo una deuda histórica. Las empresas de transporte interurbano tendrán un plazo de 90 días para incorporar el equipamiento necesario y sumarse a la plataforma. No es una sugerencia: es una exigencia con fecha de vencimiento.
El sistema no solo va a registrar si el colectivo llegó a horario o si el chofer cumplió el recorrido habilitado. También pondrá bajo la lupa las tarifas efectivamente cobradas, un punto sensible en un sector donde las quejas de los usuarios por cobros irregulares o falta de boleto no son novedad. La tecnología, en este caso, se convierte en árbitro.
Para el Estado provincial, la herramienta representa un salto cualitativo en la capacidad de fiscalización sin necesidad de multiplicar inspectores en la calle. Para las empresas, implica una adaptación técnica y operativa que no todas están igualmente preparadas para afrontar en el plazo establecido. Noventa días pueden parecer suficientes, pero en el mundo del transporte, donde los márgenes operativos suelen ser ajustados, el tiempo siempre corre distinto.
Lo que viene ahora es la etapa de implementación concreta: definir qué empresa provee la tecnología, cómo se integran los datos al sistema provincial y qué pasa con las empresas que no cumplan en término. Esas respuestas van a marcar si la medida queda en el anuncio o se convierte en una transformación real del control del transporte en Entre Ríos.
