Doce horas sin luz en pleno invierno. El apagón del 18 de julio en Concordia no fue un accidente aislado ni una rareza climática: fue la expresión más visible de un problema estructural que los números del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) confirman con frialdad.
Según datos del organismo regulador, la red de transporte eléctrico administrada por TRANSNEA —que abastece a Chaco, Formosa, Corrientes y el norte y centro de Entre Ríos, incluida Concordia— registró entre 2018 y abril de 2025 tasas de entre 2,4 y 4,9 fallas cada 100 kilómetros de línea por año. En el mismo período, la red troncal nacional operada por TRANSENER anotó valores de entre 0,17 y 0,41 fallas por cada 100 kilómetros. La diferencia es brutal: la red regional falla entre diez y veinte veces más, y esa brecha se mantuvo sin revertirse durante todo el período analizado.
Para entender la escala del problema, conviene pensar en términos viales. TRANSENER opera la autopista del sistema eléctrico: las líneas de 500 kV que llevan energía desde centrales como Salto Grande, Yacyretá o El Chocón hacia las grandes estaciones del país. TRANSNEA opera las rutas provinciales: las líneas de 132 kV que distribuyen esa energía en la región. Es justamente esa red la que alimenta a Concordia desde la estación transformadora de Salto Grande, antes de que ENERSA y la Cooperativa Eléctrica de Concordia la lleven a hogares, comercios e industrias.
El corte masivo del 18 de julio se produjo cuando las tres líneas de 132 kV que alimentan la estación transformadora de ENERSA quedaron fuera de servicio por el temporal. Técnicos del sector señalan que una ampliación proyectada desde hace más de una década en la estación transformadora de Salto Grande —y nunca ejecutada— probablemente habría evitado que la ciudad quedara completamente a oscuras durante tantas horas.
El diseño actual hace que ambas líneas de 132 kV compartan un punto de maniobra en su origen, lo que permite que determinadas fallas afecten simultáneamente a las dos alimentaciones. La obra proyectada habría independizado completamente esos circuitos, incrementando la confiabilidad del abastecimiento para Concordia y otras localidades del departamento. El costo estimado era de US$ 3,5 millones y el plazo de ejecución rondaba los 18 meses. Permanece pendiente desde hace más de una década.
El informe del ENRE no vincula directamente ese episodio con la obra faltante, pero el contexto habla solo. Mientras la infraestructura regional acumula déficits históricos, las tarifas de transporte aumentaron de manera significativa desde diciembre de 2023: 671% para TRANSENER y 640% para TRANSNEA, según los cuadros comparativos incluidos en la documentación. En paralelo, TRANSENER y TRANSNEA acumularon sanciones por 8.801 millones de pesos entre enero de 2018 y abril de 2025, aunque el ENRE aclaró que esas multas corresponden al conjunto de sus áreas de concesión y no exclusivamente a Entre Ríos. La pregunta que queda flotando es simple: si el servicio mejora tan poco y las tarifas suben tanto, ¿a dónde va la plata?
Lo que el informe deja en claro es que la vulnerabilidad del sistema eléctrico en esta región no es nueva ni sorpresiva. Es un dato que el Estado conoce, que los reguladores documentan y que los usuarios pagan —en facturas y en cortes— sin que la ecuación cambie de manera sustancial.
