Sin pausa y sin tregua. El Gobierno nacional volvió a meter la mano en el avispero de la discapacidad, esta vez por la ventana del Presupuesto 2027, que ingresó al Congreso cerca de la medianoche del martes al filo del plazo legal. El documento firmado por el Ministerio de Economía incluye la derogación de artículos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la misma norma que el oficialismo había prometido negociar con los bloques aliados para frenar la ofensiva opositora.
El primer punto que encendió la mecha: el proyecto propone volver al esquema de pensión por invalidez equivalente al 70% de la jubilación mínima, y establece que quienes tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán percibir ningún tipo de compensación si tienen empleo registrado. Un retroceso concreto para miles de personas.
El segundo frente de tormenta es el nomenclador. Según el texto enviado por Luis Caputo, los valores dejarán de ser universales: cada obra social y prepaga podrá fijar lo que paga a los prestadores. En el caso de Nación, la actualización sería trimestral y, si no se cumple, se tomaría el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Además, el proyecto deroga la garantía de acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud para quienes tengan una Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
El escándalo explotó en el plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Hasta dentro del propio oficialismo reconocieron que desconocían la intención de la Casa Rosada de avanzar con estos recortes justo cuando la oposición empujaba en Diputados una prórroga de la normativa, vigente hasta el 31 de diciembre.
La respuesta oficial fue esquiva: hablaron de “un error en la redacción” y prometieron que esos artículos serán “eliminados” del Presupuesto. Pero las promesas verbales ya no alcanzan. Cada vez son más los diputados, incluso aliados, que creen que el presidente Javier Milei terminará vetando o derogando lo que el Congreso apruebe.
La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado intentó bajar la temperatura y anunció que trabajan en “un proyecto superador” que sume a todos los sectores. Por su parte, Silvana Giudici explicó que la propuesta apunta a “salir de la emergencia para dejar permanente el marco regulatorio de discapacidad”, con la promesa de mantener todos los beneficios. Sin embargo, el texto enviado por Economía dice exactamente lo contrario.
Desde el peronismo, el diputado Juan Marino fue directo: acusó al Ejecutivo de querer “destruir la Ley de Emergencia en Discapacidad y desmantelar el sistema de derechos”, y advirtió que con las modificaciones propuestas cada prepaga, obra social o provincia podrá fijar valores diferenciados para cada prestación. La ley tiene vigencia hasta fin de año y el debate sobre su futuro recién empieza a calentarse.
