La guerra comercial de Donald Trump no da tregua. El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció este martes que su oficina prepara una nueva ronda de aranceles que podría alcanzar a unos 60 países, y Argentina figura en esa lista. La tasa que le correspondería ronda el 10%, en línea con lo que ya establecía el tratado bilateral firmado en febrero, aunque nada está confirmado hasta que haya un anuncio oficial.
El trasfondo tiene su historia. En febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la política arancelaria de Trump, dejando en el limbo gran parte de la agenda comercial de la administración. Para sortear ese fallo, la Oficina del Representante Comercial (USTR) recurrió a la Sección 301 de la ley de comercio de 1974, que habilita investigaciones por distorsiones al comercio vinculadas al trabajo forzoso. Una herramienta vieja, reutilizada con un propósito nuevo: reconstruir legalmente lo que los tribunales desarmaron.
El documento del USTR es claro en su escala de tasas: los países que firmaron acuerdos con cláusulas sobre trabajo forzoso pagarían un 10% adicional; los que no tienen ningún compromiso en ese sentido, enfrentarían un 12,5%. Argentina firmó en febrero un Tratado de Comercio e Inversión que incluía precisamente esas cláusulas, por lo que quedaría en el tramo más favorable, aunque el pacto también quedó anulado por el fallo judicial.
Una misión argentina encabezada por el embajador y negociador comercial Luis Kreckler viajó a Washington a principios de junio. Lo acompañaron el secretario de Comercio Pablo Lavigne, la subsecretaria de Comercio Exterior Carolina Cuenca y el secretario de Desregulación Alejandro Cacace. Kreckler participó de una audiencia en el National Foreign Trade Council junto a representantes de las otras naciones incluidas en la lista, de Europa, Asia y América Latina.
Según fuentes ligadas a las negociaciones, la intención de Washington es, al menos con Argentina, “reinstaurar el esquema establecido en el acuerdo” a través de este nuevo mecanismo legal. En otras palabras: los aranceles que el tratado bilateral ya preveía, ahora se buscaría aplicarlos por otra vía. La herramienta del trabajo forzoso funciona, en este caso, más como un vehículo jurídico que como una acusación de fondo contra el país.
Lo que todavía genera incertidumbre es el destino de la eliminación de aranceles recíprocos sobre más de 1.600 productos argentinos que el tratado contemplaba. Esos productos podrían pasar de un arancel del 0% al 10%, un salto que impactaría directamente en las exportaciones nacionales. La cuota de carne, en tanto, fue implementada por decreto y sigue vigente. El panorama comercial entre ambos países está en un momento de redefinición, y cada movimiento de Washington tiene consecuencias concretas para la economía argentina.
