No alcanza con cambiarle el rótulo a la caja. El Procurador General de Entre Ríos lo dejó en claro en su dictamen: la adecuación del sistema de alimentación escolar tiene que ser real, con productos que cumplan los estándares de comida saludable, y no un maquillaje de etiquetas para esquivar los sellos de advertencia.
El funcionario, García, respaldó la sentencia que habilita la continuidad del nuevo sistema alimentario en las escuelas provinciales. En su dictamen, sostuvo que el fallo no es arbitrario sino que está motivado y fundado en la normativa constitucional, convencional y provincial vigente. También reconoció que diseñar una política pública es atribución del Poder Ejecutivo, pero aclaró que esa competencia puede y debe ser controlada judicialmente cuando están en juego derechos fundamentales, como el derecho a la alimentación de los chicos.
El punto más fuerte del dictamen es la interpretación amplia del fallo: no se trata solo de sacar de las escuelas los productos con sellos de advertencia, sino de garantizar una alimentación escolar genuinamente saludable. Cualquier adecuación que no modifique de fondo la composición de los alimentos no sirve. El mensaje es directo y sin margen para la trampa formal.
García también valoró la instancia de diálogo interinstitucional convocada por el Gobierno de Entre Ríos, en la que participan especialistas, profesionales, universidades y la empresa proveedora del servicio. Consideró que ese espacio es el ámbito correcto para avanzar en los cambios necesarios, con criterio técnico y multisectorial.
Sobre la apelación presentada en la causa, el Procurador fue tajante: debe servir para aclarar el alcance de la sentencia, no para revertirla. En otras palabras, el fallo se mantiene y lo que resta es precisar cómo se implementa, no discutir si se cumple o no.
El dictamen consolida así la continuidad de la política alimentaria escolar impulsada por el Ejecutivo provincial, con la condición de que las adecuaciones sean efectivas. La pelota queda en la cancha de los organismos técnicos y de la empresa proveedora para demostrar, con hechos concretos, que los productos que llegan a los comedores escolares entrerrianos cumplen con lo que la normativa exige.
