Una frase corta encendió la mecha: “Vialidad tiene que desaparecer”. Eso dijo Héctor Reniero, presidente de la Sociedad Rural de Chajarí, y el sindicato que agrupa a los trabajadores viales de la provincia no tardó ni un día en responder con toda la artillería.
El Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER) emitió un repudio contundente. Para la organización gremial, una expresión de ese calibre no puede tratarse como una opinión sectorial más, porque pone en jaque la existencia de un organismo que durante casi 100 años sostuvo caminos, conectó comunidades y garantizó presencia del Estado en cada rincón entrerriano. “Decir que Vialidad tiene que desaparecer es desconocer la historia, el trabajo y la función estratégica que cumplen los trabajadores viales”, dispararon desde el sindicato.
El argumento de SOEVER es claro y no esquiva la autocrítica: los problemas reales de los caminos rurales no se resuelven borrando el organismo del mapa, sino invirtiendo en maquinaria, recuperando equipos, modernizando talleres y canteras, y sumando trabajadores. “No se puede abandonar una institución durante años y después usar ese deterioro como argumento para pedir su desaparición”, señalaron, apuntando directamente a la lógica que subyace en la postura ruralista.
La advertencia más fuerte del sindicato apunta a las consecuencias territoriales de un eventual vaciamiento de Vialidad Provincial. Si el organismo desaparece o queda reducido a una oficina que firma convenios y controla trabajos de terceros, sostienen, Entre Ríos no va a tener una política vial más eficiente: va a tener caminos más desiguales. Los sectores con más recursos y más poder de presión podrán resolver sus problemas; los pueblos chicos, las escuelas rurales, los productores más pequeños y las familias aisladas quedarán cada vez más lejos de cualquier respuesta.
“Sin Vialidad fuerte, los caminos dejan de ser una responsabilidad pública y empiezan a depender del poder económico de cada zona. Eso no es modernización. Eso es desigualdad territorial”, afirmaron. La frase sintetiza el eje del debate: si la conectividad pasa a depender de la capacidad de pago o de presión de cada sector, el Estado provincial deja de ser garante de un derecho básico para convertirse en un espectador de la fragmentación.
SOEVER también advirtió que el debilitamiento de Vialidad abriría la puerta a una mayor tercerización e intermediación en el manejo de los recursos públicos. Cuando el Estado pierde capacidad propia, queda dependiendo de terceros; y cuando los caminos se resuelven por sectores o convenios externos, se vuelve más difícil saber quién decide, quién ejecuta, quién controla y cuánto cuesta. El sindicato fue explícito: no niega los problemas ni la necesidad de mejorar, pero la solución pasa por fortalecer la herramienta, no por desguazarla.
