La defensa del intendente de Estancia Grande, Pablo Javier Goldín, salió a responder con fuerza a la denuncia por abuso sexual que pesa sobre su representado. Los abogados Guillermo Peñalver y Carlos Conti difundieron un extenso comunicado en el que sostienen que el hecho denunciado «jamás ocurrió» y que se trata de una represalia orquestada por quienes están bajo investigación judicial.
Según la versión de la defensa, la cadena de hechos arranca cuando Goldín detectó presuntas irregularidades en la Municipalidad de Estancia Grande y formalizó denuncias penales por corrupción contra la denunciante, identificada como A. R., su esposo Pedro Silvio de la Madrid y su cuñada Daiana Alfonsina de la Madrid. Tras esas denuncias, A. R. fue desvinculada de la planta municipal y, según los letrados, fue entonces cuando comenzaron a aparecer las acusaciones contra el intendente.
Uno de los puntos centrales del comunicado gira en torno a un decreto que, según la defensa, fue «fraguado» para incorporar a la planta permanente municipal a la denunciante y a su cuñada, asignándoles una remuneración equivalente a la del propio intendente, es decir, el sueldo más alto del erario municipal. Los abogados señalan que por ese mismo decreto el esposo de la denunciante, Pedro Silvio de la Madrid, ya fue condenado y actualmente cumple condena en la Unidad Penal de Gualeguaychú, mientras que A. R. se encuentra procesada en relación con los mismos hechos.
La defensa no se quedó en la negación: anunció que promoverá una denuncia por presunta estafa procesal y remarcó que será la Justicia quien determine si existió delito y quiénes son los responsables. «Goldín está imputado, pero no condenado», subrayaron los letrados, dejando en claro que la estrategia pasa por demostrar la inocencia en sede judicial.
El caso instala una disputa judicial de varias capas en Estancia Grande: por un lado, la imputación al intendente por abuso sexual; por otro, las causas por corrupción que involucran a la denunciante y su entorno familiar. La Justicia tendrá la última palabra sobre si hay un delito real, una represalia coordinada, o ambas cosas a la vez.
