El Senado de Entre Ríos le dio sanción definitiva al proyecto que crea el nuevo régimen de consorcios camineros, entidades de bien público, sin fines de lucro, que podrán intervenir en los caminos terciarios, comunales y vecinales de la provincia. La aprobación llegó este martes con el ruido de fondo de un paro y movilización del gremio que nuclea a los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), que entiende que la norma avanza sobre las facultades históricas del organismo.
La ley habilita la creación de asociaciones civiles con participación público-privada, financiamiento mixto y controles a cargo de Vialidad. La DPV tendrá el rol de promover y organizar estos consorcios, lo que para los trabajadores del sector representa una amenaza concreta a sus puestos y atribuciones. El gremio no se quedó callado: la protesta fue visible y directa.
El texto aprobado es una unificación de proyectos presentados por los exlegisladores Esteban Vitor (Juntos por Entre Ríos) y Néstor Loggio (PJ), más el de la actual diputada libertaria Julia Calleros (Partido Fe). En el Senado se sumó un expediente similar del senador Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos), aunque finalmente el oficialismo decidió avanzar con el texto tal como llegó de Diputados, sin incorporar modificaciones, para evitar que el proyecto volviera a la Cámara baja.
El diputado Jaime Benedetti (Juntos por Entre Ríos) defendió esa decisión con pragmatismo: “A veces lo perfecto es enemigo de lo mejor”, dijo, y recordó que el proyecto había llegado al Senado con media sanción aprobada por unanimidad. Benedetti también destacó que la norma busca reducir los 13 pasos burocráticos que hoy dificultan la constitución de un consorcio: “Esta ley pretende flexibilizar los requisitos de ingreso”, precisó.
El peronismo acompañó la ley en general. El senador de Tala Juan Conti (Más para Entre Ríos) argumentó que la norma va a “redundar en beneficio de los productores y las familias de zonas rurales”, aunque aclaró que el bloque votaría en contra de algunos capítulos por el tratamiento que la normativa da a los trabajadores de Vialidad. El senador victoriense Víctor Sanzberro sumó críticas propias, cuestionando que no se hayan incorporado las reformas propuestas en comisión.
La nueva ley apunta a resolver un problema concreto y viejo en la provincia: el estado de los caminos rurales, que afecta directamente la logística agropecuaria y la vida cotidiana de miles de familias en zonas alejadas de los centros urbanos. Con los consorcios en marcha, la gestión del mantenimiento podrá descentralizarse y contar con financiamiento privado, aunque la tensión con los trabajadores de Vialidad es un frente abierto que el gobierno provincial deberá atender.
