El dato es contundente y no admite eufemismos: la morosidad industrial en Argentina se multiplicó por cinco en apenas año y medio. Entre diciembre de 2024 y junio de 2026, la tasa de irregularidad del crédito bancario al sector pasó de 0,7% a 3,8%, según un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA). No es una tendencia marginal: es una señal de alarma con nombre y apellido.
Hoy, cerca del 12% de las empresas industriales con deuda bancaria están en situación de mora, lo que equivale a unas 4.300 firmas en todo el país. Lo que más preocupa es el perfil de esos deudores: el 80% eran previamente pagadores regulares, empresas que cumplían, que tenían historial limpio, y que desde mediados de 2025 empezaron a caer en irregularidades. No son malos pagadores crónicos. Son empresas que se quedaron sin aire.
Y el problema no se queda en los bancos. El relevamiento de la UIA muestra que en julio de 2026, el 47% de las empresas industriales registró atrasos en alguno de sus principales pagos: impuestos, proveedores, compromisos financieros. Casi la mitad del sector con algún frente comprometido. La cadena de pagos, ese engranaje silencioso que sostiene la economía real, está crujiendo.
El contexto financiero no ayuda. El crédito productivo, que había crecido un 106% en términos reales entre diciembre de 2023 y julio de 2025, prácticamente se detuvo: entre julio de 2025 y mayo de 2026 aumentó apenas un 0,2%, en un escenario de mayores tasas de interés y encajes bancarios más exigentes. El motor se apagó justo cuando más se lo necesitaba.
También hay diferencias según el tamaño de las empresas. Mientras el financiamiento en pesos perdió dinamismo —y entre las grandes firmas mostró caída—, el crédito en dólares siguió creciendo tanto para pymes como para grandes compañías con acceso a ese mercado. Una brecha que no hace más que profundizar la desigualdad estructural dentro del propio sector industrial.
Desde la UIA advierten que el aumento de la morosidad puede convertirse en una restricción adicional al financiamiento, especialmente para el capital de trabajo y la inversión productiva, en una economía que ya parte de niveles históricamente bajos de crédito al sector privado. La bola de nieve tiene pendiente.
Las propuestas del sector son concretas: generar incentivos al crédito productivo y a la refinanciación de pasivos, fortalecer los sistemas de garantías, avanzar hacia una normalización progresiva de los encajes y, sobre todo, revisar la carga tributaria sobre la intermediación financiera, que según la entidad encarece en más de un 18% el costo de un crédito productivo. La UIA también pide eliminar esa carga en las operaciones de refinanciación, como medida de emergencia para aliviar a las empresas que hoy están al límite.
