No son fotos recientes, pero pesan como si fueran de hoy. Las imágenes del interior del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” de Concordia, tomadas por el fotógrafo y docente Sebastián Pittavino como parte de su trabajo documental Otro lugar en la memoria, volvieron a circular con fuerza en los últimos días. El motivo: la polémica desatada por la reinstalación del cartel que identifica al predio como Sitio de Memoria y las declaraciones negacionistas de un concejal del oficialismo local.
Pittavino no se quedó callado. Acompañó la difusión de las imágenes con un texto de fuerte posicionamiento político, cuestionando al edil y advirtiendo sobre el avance de discursos que niegan lo innegable. Pero más allá de esa disputa, las fotografías tienen peso propio: son un registro documental de los espacios físicos donde, según la Justicia Federal, ocurrieron hechos concretos y comprobados.
El fotógrafo explicó que las imágenes fueron el resultado de un proceso que incluyó pedidos formales, autorizaciones, consultas con organismos de derechos humanos y trabajo de campo dentro del predio. Durante ese proceso, también recibió información sobre la utilización de distintos sectores del Regimiento durante la última dictadura.
La Justicia no tiene dudas sobre lo que pasó ahí. En la causa “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros”, la Cámara Federal de Casación Penal determinó la existencia de tres centros de detención en Concordia: el Regimiento 6, la Jefatura de Policía y la Unidad Penal N.º 3. La resolución recoge testimonios que describieron las condiciones de detención y las torturas que tenían lugar en esos espacios. No son versiones: son pruebas incorporadas a un expediente federal.
En diciembre de 2021, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalizó oficialmente el Regimiento, indicando que funcionó como centro clandestino de detención y tortura, y que allí fueron mantenidas secuestradas y sometidas a tormentos personas perseguidas por su militancia política, social y sindical. La señalización se sustentó en el Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, el Archivo Nacional de la Memoria y los testimonios judiciales acumulados en años de investigación.
El marco legal también es claro. La Ley Nacional 26.691, sancionada en 2011, declaró Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. La norma obliga al Estado a preservar esos espacios para facilitar investigaciones judiciales y sostener la memoria colectiva. Y hay una razón concreta detrás de esa obligación: paredes, habitaciones, instalaciones y modificaciones físicas son, en sí mismas, evidencia. Los edificios hablan.
Frente a ese andamiaje de pruebas judiciales, registros oficiales y documentación fotográfica, el debate sobre si el Regimiento 6 fue o no un centro clandestino no tiene sustento. Lo que sí tiene sustento es la pregunta sobre por qué, en 2026, todavía hay voces dispuestas a ponerlo en duda desde un cargo público en Concordia.
