Las cifras no mienten y la realidad pica: uno de cada cuatro argentinos con crédito está atrasado en sus pagos, y uno de cada seis pesos prestados a las familias no vuelve al sistema financiero. En Entre Ríos, el problema tiene un rostro joven y preocupante que merece mucho más que silencio oficial.
En junio de 2026, la tasa de mora de las familias con los bancos llegó al 12,7% a nivel nacional. En el sector no bancario —billeteras virtuales, financieras— la cifra trepó por encima del 30%. Pero el dato que más duele está en la provincia: Entre Ríos registró una mora del 13,3%, y entre los menores de 25 años ese número se dispara al 32,25%. Casi uno de cada tres jóvenes entrerrianos tiene algún nivel de atraso en sus obligaciones financieras. No es un dato menor: es una señal de alarma.
La respuesta del Gobierno nacional ante este panorama fue tan escueta como previsible: “Es un problema entre privados”. Sin embargo, resulta difícil sostener esa postura cuando las condiciones que empujaron a miles de hogares al endeudamiento tienen nombre y apellido en la política económica: salarios que perdieron poder adquisitivo, paritarias que no alcanzaron a cubrir la inflación, y tarifas de servicios esenciales —electricidad, gas, combustibles— que subieron muy por encima de los ingresos.
A ese cuadro se sumó la liberalización de las tasas activas del sistema financiero. El resultado es un spread financiero —la diferencia entre lo que los bancos cobran por prestar y lo que pagan por los depósitos— que alcanzó niveles difíciles de justificar desde cualquier perspectiva social. En términos concretos: endeudarse es cada vez más caro mientras los sueldos compran cada vez menos.
El mecanismo es cruel en su simpleza. Si una familia destinaba el 10% de sus ingresos a servicios esenciales, ese porcentaje puede haber escalado hasta el 25%. Ese dinero tiene que salir de algún lado: del consumo, del ahorro o, directamente, de un préstamo. Así, el crédito dejó de ser una herramienta excepcional para convertirse en un recurso cotidiano para llegar a fin de mes. Y llegar a fin de mes, en este esquema, también se paga con intereses.
La deuda no es solo un problema de números. El atraso en los pagos, la acumulación de cuotas y la incertidumbre sobre cómo afrontar las obligaciones generan estrés, angustia y un deterioro real de la calidad de vida que excede ampliamente las finanzas personales. Mientras las familias destinan una proporción creciente de sus ingresos al pago de deudas, el sector financiero aparece entre los pocos que logran beneficiarse del esquema macroeconómico vigente.
El tamaño del problema obliga a una discusión que el Estado no puede seguir esquivando. No se trata solo de evitar una eventual crisis financiera de los hogares, sino de atender las consecuencias sociales de un modelo donde endeudarse para sobrevivir se normalizó, especialmente entre los más jóvenes.
