No es una galletita lo que está en juego. Es un sistema entero. Eso es lo que Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, salió a dejar en claro tras el reciente fallo judicial que generó ruido en torno a la reforma del programa de alimentación escolar provincial.
Durante años, la provincia transfirió fondos a las escuelas sin poder responder preguntas básicas: qué estaba comiendo cada alumno, qué producto se había comprado con cada peso, cuánto se había pagado y si existía un estándar nutricional común para todos los chicos de Entre Ríos. Cada establecimiento resolvía por su cuenta qué comprar, dónde y cómo administrar esos recursos. Un modelo con cierta lógica de proximidad, pero con problemas estructurales que el propio gobierno reconoce como inocultables.
La respuesta del ejecutivo provincial fue avanzar hacia un esquema centralizado para desayunos y meriendas, con mayor trazabilidad, controles más estrictos y menúes homogéneos para todos los alumnos, vivan donde vivan. Esa decisión no fue improvisada, según Frigerio: viene siendo analizada prácticamente desde el inicio de su gestión.
El fallo judicial, lejos de frenar ese proceso, lo ratificó en sus aspectos centrales. Según la lectura oficial, la resolución no cuestiona la facultad del Poder Ejecutivo para reorganizar el sistema, ni impide avanzar con la centralización. Por el contrario, reconoce que corresponde al gobierno provincial organizar el programa, definir productos y menúes, seleccionar proveedores dentro del marco legal y establecer los controles necesarios. Lo que sí establece con claridad es que los productos alcanzados por el etiquetado frontal no pueden integrar la prestación.
Frigerio fue directo al separar las dos discusiones que, a su criterio, se estaban mezclando en el debate público: una cosa es revisar o reemplazar un producto específico, y otra muy distinta es paralizar una transformación de fondo. “No estamos acá para defender una galletita, una marca o una empresa”, escribió el gobernador. La postura oficial es que si un producto debe cambiarse, se cambia; si debe reformularse, se reformula; si la Justicia dispone que no se use, se cumple.
La reforma apunta a garantizar que todos los alumnos entrerrianos reciban el mismo estándar nutricional, independientemente de la escuela a la que asistan o del municipio en el que vivan. La pregunta que el gobierno se hace en voz alta es si el sistema anterior ofrecía herramientas suficientes para prevenir irregularidades. La respuesta que se da a sí mismo es que no, y que por eso había que cambiarlo. El proceso de transformación continúa.
