Hay debates que incomodan porque obligan a decir en voz alta lo que muchos saben pero pocos quieren admitir. Carolina Streitenberger, legisladora provincial, eligió ese camino: salir a defender la reforma en el sistema de comedores escolares de Entre Ríos sin rodeos y con un argumento que es difícil de rebatir. “No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona”, dijo, y la frase cayó como un balde de agua fría en medio de una polémica que ya lleva semanas calentándose.
El contexto es el debate por la provisión de alimentos de Teknofood para los comedores escolares provinciales, un esquema centralizado que reemplazó al modelo anterior, donde cada escuela compraba, buscaba proveedores y administraba sus propios recursos. Ese modelo descentralizado rigió durante más de 20 años y, según la legisladora, acumuló problemas estructurales que ningún parche pudo resolver.
“La enorme mayoría trabaja con compromiso”, aclaró Streitenberger sobre los directivos escolares, quitando del centro de la escena cualquier lectura que los responsabilice. El problema, insistió, no era la gente sino el diseño del sistema: directores que tenían que ocuparse de comprar alimentos y administrar recursos cuando su tarea debería estar puesta, exclusivamente, en la educación. Un absurdo que se naturalizó con los años.
Pero hay algo más pesado en la balanza. Se detectaron irregularidades graves que derivaron en denuncias penales. Cuando la plata que debería alimentar a los chicos termina en otro lado, el Estado no puede encogerse de hombros y decir que siempre fue así. Esa resignación no es gestión, es complicidad.
La defensa del nuevo esquema no es ciega. Streitenberger fue explícita: si un producto no cumple los estándares, hay que cambiarlo; si algo puede mejorarse, hay que mejorarlo. “No hay que defender una galletita, un budín ni una marca”, afirmó, dejando en claro que la discusión de fondo no es sobre proveedores sino sobre garantizar calidad, trazabilidad y control en la alimentación de todos los chicos, sin importar en qué escuela estén.
El nuevo sistema, además, no es totalmente rígido: las escuelas pueden seguir incorporando frutas y alimentos frescos. La centralización apunta a establecer una base común, un piso de calidad que no dependa de cómo se gestiona en cada establecimiento. La desigualdad entre escuelas era, también, una deuda del modelo anterior.
La discusión sigue abierta y tiene aristas que merecen seguimiento: cómo se controla efectivamente la calidad de lo que llega a cada comedor, qué pasa con las irregularidades ya denunciadas y si el nuevo esquema logra, en la práctica, lo que promete en el papel. Esas preguntas no tienen respuesta todavía, y el debate en la Legislatura provincial está lejos de cerrarse.
