El caso de Loan Peña no está cerrado ni olvidado. Lo que sí parece cada vez más claro, a partir de las actuaciones judiciales y las conductas de los involucrados, es que hay personas que saben lo que pasó con el niño y eligieron, deliberadamente, no decirlo.
El primero en la lista es el ex gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Según surge de la causa, apenas ocurrida la desaparición del menor, Valdés habría enviado a su hombre de confianza en la legislatura provincial a intentar sobornar a los padres de Loan para que fabricaran una versión falsa de los hechos. La maniobra, tan burda como reveladora, apunta en una dirección: quien intenta tapar algo es porque sabe lo que hay debajo. Cuando la jueza Cristina Pozzer Penzo ordenó la indagatoria del senador Diego Pellegrini por su intervención en el asunto, Valdés habría ordenado a los legisladores de su bloque —que controlan ambas cámaras— que bloquearan el desafuero. Sin desafuero, no hay indagatoria. Sin indagatoria, no hay verdad.
El segundo actor señalado es la Policía de la Provincia de Corrientes, una fuerza que, según la investigación, tiene una historia larga y documentada de complicidad con el poder político y con el crimen organizado. El dato más contundente: en los últimos 20 años, ningún decomiso de drogas en tránsito por Corrientes fue realizado por la policía provincial. El 100% de los alijos descubiertos corresponden a operativos de Prefectura o Policía Federal. Cada vez que cae un cargamento importante, aparece algún efectivo local involucrado. El Operativo Sapucai, que terminó con la detención del intendente de Itatí, Roger Natividad Terán, y varios policías, es uno de los ejemplos más notorios.
El tercer nombre es el del comisario Walter Maciel, jefe policial local al momento de la desaparición. Maciel tomó a su cargo la “investigación” y lo que hizo fue exactamente lo contrario: encubrir. Sus maniobras fueron tan evidentes que fue apartado de la causa, detenido e imputado. La fiscalía lo señala como eslabón institucional clave en la desaparición, y el cargo fue agravado de encubridor a partícipe necesario. Tres hechos pesan sobre él: el retraso deliberado en iniciar la búsqueda, la falsificación de documentación para disimular ese retraso, y la suspensión del rastrillaje basada en una falsa alarma de que el niño había sido encontrado.
Lo que el expediente va dejando en claro, con cada nueva pieza, es que la desaparición de Loan Peña no fue un hecho aislado ni un accidente sin testigos. Hubo una trama, hubo actores con poder, y hubo una decisión colectiva de no hablar. La Justicia sigue avanzando, aunque lentamente, sobre ese muro de silencio.
