La boleta de Ingresos Brutos, ese fantasma que asustaba al pequeño comercio, ahora tiene un cambio de guion en Entre Ríos. La ATER reglamentó el alivio fiscal y el beneficio se aplicará de oficio. No hay que ir a pedirlo: el Estado lo detecta y lo aplica.
El universo alcanzado es grande: más de 77.800 contribuyentes del Régimen Simplificado figuran en el cálculo inicial. Para los comerciantes de las categorías A, B y C con actividad principal comercial, la exención del componente provincial de Ingresos Brutos puede llegar sin trámite. La estimación puntual de ATER habla de 20.266 contribuyentes potenciales.
La Resolución Nº 412/2026 ordena el procedimiento: la Administración Tributaria verificará la información de sus registros y otorgará la exención sin que el contribuyente tenga que presentar solicitudes. Cada mes se revisarán los requisitos. Si en un período no se cumplen, el beneficio puede volver a aplicarse en los períodos siguientes en los que sí se cumplan.
La medida se apoya en la Ley Nº 11.314, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, y no es un parche de un solo año. El Ejecutivo ya prevé extender los beneficios durante todo 2027, usando la prórroga que contempla la norma. Eso le da previsibilidad a un sector que suele vivir al borde del calendario fiscal.
El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, fue directo: “El gobernador Rogelio Frigerio hizo del alivio fiscal una prioridad de su gestión, con el objetivo de reducir costos y generar mejores condiciones para quienes trabajan, producen e invierten en Entre Ríos”. La lectura es clara: el alivio no queda en el discurso, se opera desde la administración.
Hay un detalle que puede aliviar el bolsillo: quienes hayan abonado cuotas de períodos alcanzados por la exención recibirán de oficio un crédito equivalente al importe pagado. También se exime la cuota 12 del componente provincial de Ingresos Brutos a los monotributistas que hayan pagado en término las primeras once cuotas del año. El requisito central es no registrar deuda exigible por períodos anteriores del Régimen Simplificado.
La resolución aclara un punto sensible: las obligaciones ya canceladas, incluso fuera de término, o regularizadas mediante planes de pago vigentes no se consideran deuda exigible. Eso evita que un plan de regularización sea una trampa. El foco es premiar la regularidad, no castigar la demora ya sanada.
El otro frente es el Impuesto de Sellos. ATER reglamentó el procedimiento para aplicar la exención a contratos de alquiler de inmuebles destinados principalmente a actividades comerciales. El beneficio alcanza nuevas contrataciones, renovaciones, prórrogas y continuaciones contractuales.
La cuenta política y fiscal es simple: menos costo para el comercio, más previsibilidad para el que factura y un mensaje claro desde el Estado provincial. Si la medida se extiende a 2027, el pequeño comercio podrá planificar sin temblarle la mano. Lo que queda ahora es ver si el alivio se traduce en menos carga para el mostrador.
