La discusión no es menor: se trata de derechos, no solo de servicios. UPCN fue convocada a la comisión de Obras Públicas del Senado y puso el dedo en la llaga sobre la reforma de la Ley 11.280.
La dirigente Maricel Molina expuso que la modificación del artículo 5° no sería una corrección técnica, sino un cambio de regla. Según su planteo, la ley actual impide concesionar salud, educación, seguridad y servicio penitenciario; la reforma habilitaría esas funciones si el Estado conserva titularidad, regulación y fiscalización. Ahí aparece la trampa: se mantiene el Estado como titular, pero se entrega la gestión.
“Acá lo que estamos concesionando es la gestión”, advirtió Molina, y amplió: “Eso implica, entre otras cosas, concesionar los derechos de los entrerrianos, entre ellos los empleados públicos”. La sindicalista cuestionó los plazos, que superarían los 25 años, y el hecho de que las concesiones puedan avanzar sin intervención de la Legislatura.
El punto más áspero es la Legislatura. Molina recordó que una concesión podría extenderse por 24 años, 11 meses y 26 días sin que pase por la representación del pueblo. “Eso es muy grave”, sostuvo, y exigió que el entrerriano conozca de primera mano las implicancias técnicas, legales, económicas y de principios.
También objetó el argumento de la eficiencia. Para UPCN, esa categoría se usó históricamente para debilitar al Estado y a las instituciones; por eso pidió que se muestren los índices que avalarían la ineficiencia pública. “Eficiencia y eficacia son discursos que se han usado históricamente para destruir los gobiernos, los estados y las instituciones públicas”, sostuvo.
La dirigente insistió en distinguir entre servicios y derechos antes de avanzar en cualquier modificación normativa. Para el sindicato, salud, educación, seguridad y servicio penitenciario no son servicios intercambiables: son garantías constitucionales. “¿Qué se quiere hacer con esa concesión de derechos constitucionalmente reconocidos?”, preguntó, y dejó la pelota en el campo oficial.
La reforma ya cuenta con media sanción de Diputados y ahora se analiza en el Senado. El Gobierno provincial impulsó el proyecto; en el desarrollo de la audiencia no consta descargo del Ejecutivo. La discusión queda servida: si se tocan derechos constitucionales, la pregunta no es solo técnica, sino política.
