La Justicia le cerró la puerta a la Municipalidad de Concordia: un decreto que revocó un pase a planta permanente fue declarado nulo, y el municipio deberá reincorporar al trabajador y pagarle lo que dejó de cobrar desde febrero de 2024.
El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Concepción del Uruguay anula el Decreto DEM N° 213/2024 y ordena pagar los haberes adeudados con una actualización del 8% mensual más la tasa activa del Banco Nación hasta la efectiva reincorporación.
Para los abogados Cielo Petit y Matías Llados, el punto central es que el Ejecutivo municipal no podía revocar por sí solo un acto administrativo que había otorgado derechos y había adquirido firmeza, aunque alegara supuestas irregularidades en su origen.
El tribunal entendió que el decreto presentaba graves vicios de competencia y objeto, porque se arrogaba atribuciones reservadas al Poder Judicial y vulneraba la estabilidad de los actos administrativos firmes. Según explicaron los patrocinantes, el artículo 60 de la Constitución de Entre Ríos obliga a la administración a acudir a la Justicia mediante una acción de lesividad cuando considera que un acto es ilegítimo.
Pero el caso no se queda en un solo trabajador. Según denunció Cielo Petit, la Municipalidad viene implementando desde diciembre de 2023 una política de empleo que despide, en promedio, a más de 100 trabajadores cada seis meses y luego incorpora una cantidad similar de agentes, sin que eso se traduzca en una baja real de la planta.
La abogada sostiene que algunos desvinculados vuelven a ser contratados como monotributistas, en lugar de ingresar a planta permanente. De esa manera, según su denuncia, los trabajadores pierden aportes previsionales y cobertura de obra social, mientras siguen haciendo tareas para el municipio bajo otra modalidad.
El punto más caliente aparece acá en el Presupuesto 2027. Petit sostiene que la presentación municipal muestra una reducción del gasto en personal al estimarlo en 43,64%, pero no considera dentro de ese porcentaje el 20,45% destinado a servicios no personales, donde se contabilizan las contrataciones de monotributistas. Según su cálculo, al sumar ambos conceptos, el gasto alcanza el 64,09%.
¿Es un ajuste real o solo un cambio de etiqueta? Para la abogada, la desvinculación y el reemplazo por prestadores de servicios no necesariamente baja el gasto, sino que modifica la forma de contratación. Además, advirtió que esa modalidad afecta los aportes a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y a OSER.
En contraste, Petit explicó que durante los ocho años de la gestión anterior la planta se mantuvo estable mediante el congelamiento de ingresos, la cobertura de vacantes por concurso en áreas como Tránsito, Inspección General y Servicios Públicos, y el ingreso a planta de contratados con más de cuatro años de antigüedad y aportes.
«Lamentablemente, esta gestión echó a la calle a cientos de trabajadores, los expulsó del sistema formal, pero no bajó el porcentaje de gastos en personal», sostuvo. La advertencia no es menor: los procesos contencioso-administrativos suelen ser prolongados, y recién comienzan a resolverse demandas iniciadas en 2024.
El fallo, en tanto, deja una deuda pendiente para las arcas municipales: los haberes acumulados y los intereses fijados por la Cámara pueden convertirse en un costo importante. Y el debate queda en la calle: ¿cómo se contrata en Concordia y qué derechos se protegen cuando el Estado cambia la forma de pagar el trabajo?
