Hasta hace pocas semanas, Paraguay aparecía en el debate económico regional como el país que había encontrado el rumbo. Crecimiento, inflación controlada, disciplina fiscal y llegada de inversiones formaban parte de un relato que lo presentaba como uno de los modelos a seguir en América del Sur. Para muchos, era la demostración de que con reglas estables y libertad económica bastaba para garantizar la confianza.
Los números daban sustento a esa imagen. En 2024, Moody’s le otorgó el grado de inversión y, en diciembre de 2025, Standard & Poor’s hizo lo mismo. No eran reconocimientos menores: indicaban una mejor evaluación de la capacidad del Estado paraguayo para cumplir sus obligaciones. Pero una buena calificación de la deuda pública nunca significa que todos los bancos, empresas e instituciones de un país estén libres de riesgos.
El 2 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay resolvió iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. Según el organismo, después de ajustes en sus estados financieros, el índice de solvencia quedó por debajo de la mitad del mínimo exigido. Dicho en criollo: el respaldo patrimonial no alcanzaba para los riesgos asumidos.
El golpe fue donde más duele: la confianza. Personas que hasta el día anterior usaban su cuenta o su tarjeta se encontraron con dificultades para acceder a sus fondos. Y la crisis se volvió institucional cuando se conoció que la entidad administraba entre 800 y 850 millones de dólares de organismos públicos, incluidos recursos previsionales.
Ese dinero no era de los accionistas. Estaba vinculado con obligaciones del Estado y con el futuro de trabajadores y jubilados. Ahí la pregunta no es menor: ¿cómo una entidad privada podía concentrar riesgos tan grandes sin que los controles la detectaran a tiempo?
El impacto fue también político. Renunció el titular del Banco Central, se abrieron investigaciones sobre presuntas irregularidades y la crisis terminó con la destitución del presidente Santiago Peña, reemplazado por Pedro Alliana. Las responsabilidades penales y patrimoniales deberán establecerse en los ámbitos correspondientes, sin anticipar culpabilidades.
¿Cómo puede caer un banco en un país que era presentado como modelo? Porque una economía puede mostrar buenos indicadores generales y, al mismo tiempo, tener fallas de supervisión en sectores decisivos. La estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no reemplaza a las instituciones.
Un banco no funciona como una empresa cualquiera. Trabaja, en buena medida, con dinero de terceros: recibe depósitos que las personas esperan poder retirar y los transforma en créditos e inversiones con diferentes plazos y riesgos. Si esa administración falla, los perjudicados pueden ser miles o millones de ahorristas que nunca participaron de las decisiones del banco.
El caso paraguayo deja una advertencia clara para toda la región: no te alcanza con atraer capitales y mostrar buenas cuentas si no existen controles capaces de detectar a tiempo dónde se concentra el riesgo. La fachada impecable puede convencer a los mercados, pero los cimientos se comprueban cuando el banco cae.
