El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al extitular de la UOM, Abel Furlán, y a María Soledad Calle, la “vecina” de Cristina Kirchner en San José 1111, por una presunta defraudación millonaria. La causa apunta a un contrato con la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas, conocida como USEM. También deberán declarar Esteban Lobato, Adalberto Braconi, Naldo Brunelli y José Ortíz.
La información del expediente señala que Calle era empleada del sindicato desde junio de 2021. En diciembre de 2022 creó USEM y, ochenta y dos días después, comenzó a administrar fondos del gremio y aportes de afiliados. Ese detalle opera como un punto de inflexión en la investigación.
Según un informe reservado de la intervención, USEM recibió $2.466.334.995 en concepto de honorarios. En 2024 fueron $698 millones, en 2025 la cifra llegó a $1086 millones y hasta julio de este año sumó $681 millones. Son números que explican por qué el caso pesa en la política sindical.
Furlán fue citado para el 17 de noviembre, mientras que Calle lo hará el 24. Los otros cuatro dirigentes también deberán declarar. La secuencia judicial sigue su curso.
El fallo destaca que ambos contratos fueron celebrados con una sociedad constituida el 7 de diciembre de 2022, aproximadamente ochenta y dos días antes de su suscripción. Esa estructura operativa reducida no mostró, según el texto, actividad comercial relevante aparte de los vínculos con UOMRA y OSUOMRA. Ahí está el nudo.
El 18 de marzo de este año, Furlán obtuvo su reelección en la conducción nacional de la UOM con el apoyo de 48 de las 53 seccionales. Después, un fallo judicial anuló los comicios y dispuso la intervención del gremio por presuntas anomalías en Zárate-Campana, donde históricamente mandó Furlán. Acá, el dato no es menor.
Desde fines de mayo, la UOM quedó bajo la conducción del interventor Alberto Biglieri, un abogado vinculado al radicalismo porteño. El nombre aparece en el centro de la disputa.
En febrero de 2023, el gremio le cedió a la empresa de Calle la administración del 80 por ciento de los aportes de sus 200.000 afiliados. A partir de ahí, USEM SA se quedó con el 0,5% del total de los aportes. Un negocio que, según el expediente, habría significado una ganancia de unos $100 millones mensuales.
El caso muestra que Calle estuvo “de los dos lados del mostrador”: tuvo relación laboral con UOMRA entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, a la vez, fue directora suplente y accionista titular del 50% de USEM SA. El juez Ercolini sostuvo que la ejecución de los contratos habría importado un ejercicio abusivo e infiel de las facultades de administración. No es una frase menor.
La compra del primer piso de San José 1111 se concretó el 20 de agosto de 2025, apenas dos meses después de que el Tribunal Oral Federal 2 le otorgara la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner. Calle desembolsó US$189.000 por una propiedad de 252 m2, un valor cercano a 750 dólares el metro cuadrado, por debajo del valor de mercado. Durante la negociación, mencionó que el inmueble se usaría “como sede de una Fundación”.
También en agosto de 2025, Calle adquirió el 50 por ciento de un BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en US$70.000. Lo registró en la ciudad de Buenos Aires, aunque mantiene domicilio en Campana. Ya tenía el 100 por ciento de un Peugeot 3008, modelo 2023.
En el mismo mes, Calle creó su segunda empresa, Grupo Vertice Global, junto a Federico Darío Monzón, un comerciante de Campana. El vínculo aparece en el mismo tramo temporal que las compras analizadas en la causa.
Por ahora, no se conoce un descargo público de Furlán ni de Calle. La causa sigue su curso, y el peso de las cifras y los contratos ya instaló una pregunta incómoda: ¿Vos cómo administrás los recursos de un gremio cuando el poder sindical y los negocios privados se cruzan en la misma mesa?
