“El Gobierno debe prever qué va a pasar con los trabajadores del Copnaf por la Ley 27.801”, advirtió UPCN. La frase no es un reclamo menor: toca el nervio de una implementación que todavía no tiene forma clara en Entre Ríos. Domínguez, dirigente de UPCN, lo planteó con una advertencia directa: no se puede improvisar.
“Venimos hace más de un mes planteando nuestra preocupación respecto a este tema”, expuso la dirigente. Según su lectura, lo que está sobre la mesa no es un ajuste administrativo: es una reorganización laboral que puede modificar la forma en que se atiende una política sensible. El sindicato sostiene que el Copnaf está abordando el asunto, pero que no alcanza con la misma planta para dar respuesta.
La dirigente fue más precisa: para atender las disposiciones de la Ley 27.801 debería haber un personal específico, con un perfil nuevo y una preparación bien pensada. No solo para la perspectiva de derechos, también para la seguridad. Ese punto, según dijo, no está definido ni discutido, y no hay precisiones.
Ahí aparece la grieta, y vos entendés que cuando hay un impacto laboral directo, la participación sindical no es un detalle. El sindicato busca generar instancias de conocimiento sobre las medidas que podría tomar la provincia y considera que las entidades sindicales deberían participar institucionalmente. En ese marco, no descarta una reunión en los próximos días para conocer avances y cómo se proyecta implementar la ley nacional en Entre Ríos.
La otra cara del problema tiene obras y herramientas, y vos sabés que una ampliación no resuelve por sí sola un problema de personal. Autoridades del Copnaf y del Servicio Penitenciario mantuvieron una reunión con una ONG chilena para interiorizarse sobre metodologías y herramientas para aplicar los cambios que propone la normativa nacional. En el Presupuesto 2027, según Domínguez, figuran dos obras de ampliación relacionadas con el tema.
Pero la dirigente cuestionó que no se sepa exactamente cuál es la consigna: “no puede ser simplemente agregar una habitación”. Si se hiciera una obra, consideró, eso no solucionaría la atención de la situación. La preocupación central de UPCN es quién va a hacerse cargo de atender a quienes eventualmente determine la justicia.
“Estamos preocupados, es un tema delicado que debe ser bien organizado, no puede ser improvisado”. Hasta ahora, por lo que el sindicato sabe, no ha habido casos. Pero la advertencia es clara: no se puede esperar a que sucedan para que el Gobierno recién entonces vea qué hacer.
“Lo salarial es crucial”, remarcó Domínguez, pero la discusión no se queda ahí: también involucra los derechos laborales. Los promotores de derechos, según su lectura, están muy exigidos y necesitan que se mire su función en el contexto del Copnaf. Ese nexo entre condiciones de trabajo y política pública es el que el sindicato quiere poner sobre la mesa.
El sindicato mantiene abierta la posibilidad de una reunión en los próximos días para conocer los avances y cómo se proyecta implementar la ley nacional en Entre Ríos. La discusión sigue centrada en el personal, el perfil y la organización que deberá atender a quienes eventualmente determine la justicia.
