El decreto 3.692 le puso nombre y fecha a lo que el campo ya estaba sintiendo: emergencia agropecuaria en Entre Ríos por El Niño. La medida rige desde el 1º de agosto de este año hasta el 31 de julio de 2027 y alcanza a explotaciones ganaderas y apícolas en islas y anegadizos de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.
El decreto fue firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y por los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas. La norma se apoya en la crecida de los ríos Paraná y Uruguay y ya arrancó una gestión ante el Poder Ejecutivo Nacional para que la emergencia se declare a nivel nacional.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos, la ATER, deberá diferir los vencimientos de los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural de 2026 y 2027 hasta el 31 de enero de 2028, cuando esos vencimientos caigan dentro del período de emergencia o desastre. También se habilita un plan opcional de hasta tres cuotas mensuales consecutivas y sin interés, con la primera venciendo el 10 de marzo de 2028.
El decreto condona multas e intereses devengados por el cumplimiento fuera de término dentro del período prorrogado. Además, los contribuyentes que se encuentren en Desastre Agropecuario según la ley provincial 10.836 y su modificatoria 11.070 quedan eximidos del pago de anticipos con vencimiento en la emergencia, en el porcentaje equivalente a la pérdida declarada en el certificado de desastre.
Para entrar en el alcance de la emergencia, el productor deberá presentar una declaración jurada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, firmada por un profesional matriculado en ciencias agropecuarias y certificada por una entidad pública o privada representativa o vinculada al sector. Con ese instrumento, el Ministerio de Desarrollo Económico confeccionará los certificados necesarios para acceder a los beneficios.
La determinación surge de la evaluación de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario, que consideró la afectación de la capacidad productiva ganadera y apícola por la inundación en la zona de los ríos Paraná y Uruguay. En la ganadería se estima una afectación superior al 50 por ciento de la capacidad productiva, con perjuicios por menor productividad, ventas forzosas, mayores costos de alimentación, traslado y arrendamiento, y dificultades operativas y sanitarias para retirar y reubicar animales.
El alivio fiscal no baja el agua, pero al menos le da aire a un sector que ya está pagando la cuenta. La gestión nacional queda como la próxima vara: si la emergencia se extiende a todo el país, el campo entrerriano tendrá una pelea más pareja.
